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Era un secreto a voces que José Julián Vásquez, hermano del suspendido alcalde Manuel Vicente Duque, manejaba desde una oficina en el sector turístico de Bocagrande, la Alcaldía de Cartagena.
Sin embargo, sólo después de un año y medio de gobierno, la Fiscalía muestra evidencias que demostrarían que el mandatario electo popularmente, no era el responsable de tomar las decisiones en la ciudad.
Durante más de 30 horas, la fiscal del proceso ha presentado una larga lista de grabaciones de interceptaciones telefónicas de José Julián, o 'JJ', como se le conoce, que lo señalan de impartir órdenes a secretarios y jefes de dependencias, así como coordinar con un asesor de despacho los contratos a entregar a los concejales.
Los servidores públicos lo identificaban como jefe, según la fiscal. “Se comunicaba constantemente con funcionarios de la administración distrital con los secretarios de despacho, directores de entidades descentralizadas, e incluso gerentes de empresas privadas, a quienes imparte instrucciones, les solicita información de los asuntos que manejan y realiza actividades propias de la administración”.
El ente investigador añadió que 'JJ' también se reunía con empresarios, contratistas y secretarios en su oficina privada, ubicada en el sector exclusivo de Bocagrande. La fiscal también señaló que el hermano de Manuel Duque le ofreció a particulares importantes cargos en entidades distritales, como la gerencia de Transcaribe.
Una comunicación adicional entre JJ y Orlando Periñán, un asesor jurídico de la Alcaldía, evidencia como el hermano del alcalde pide información sobre los contratos por órdenes de prestación de servicio (OPS), que manejan los distintos secretarios de la Alcaldía y estudia los presupuestos para determinar la disponibilidad del dinero.
Para la Fiscalía, esto sustentaría que JJ habría incurrido en usurpación de funciones públicas. Único delito imputado hasta esta instancia.
¿Cuándo empezó todo?
A comienzos de 2016, la Fiscalía encontró que comenzó la repartición de la Contraloría Distrital entre Manuel Vicente Duque, alcalde suspendido; José Julián Vásquez, su hermano y algunos concejales.
El pacto fraudulento se cosechó al interior del Palacio de la Aduana y consistía en garantizar la elección de Nubia Fontalvo como contralora, a cambio de dádivas.
En diversas conversaciones entre el concejal Jorge Useche Correa y varios cabildantes (Angélica Hodeg, Zaith Adechine, Erick Piña, Edgar Mendoza), el ente acusador pretende probar que él era el puente entre la corporación y la administración para la repartición de los cargos del organismo de control, debido a que era el encargado de coordinar reuniones e impulsar la elección de Fontalvo.
Fontalvo Hernández es elegida como contralora, aunque el control en la entidad lo tiene José Julián, porque es el encargado de la repartición del pastel. En una conversación interceptada, la funcionaria le pide ayuda a un ex empleador y le pide que busque al senador Lidio García para que ella pueda quedarse, al menos, con un cargo.
Así se repartían la Contraloría Distrital de Cartagena
-Control Urbano, parte de la repartición-
Otros interceptaciones revelan que la Oficina de Control Urbano le pertenecía al concejal Jorge Useche, entidad adscrita a la Secretaría de Planeación, encargada de regular la construcción en la ciudad y que estuvo en el ojo del huracán por presuntas omisiones de funciones que permitieron el colapso del edificio Portal de Blas de Lezo II, una tragedia que dejó 21 muertos.
En una conversación telefónica, Jorge Useche le dice a Leidy Ann Steer Álvarez, primera directora de la entidad, que recibió quejas de ‘ella’ (una persona que la Fiscalía no identifica), pero quién habría hablado con 'JJ' para pedir que la sacaran de ese cargo, porque es acusada de ser alguien que no conoce la norma del sector y que no está el suficiente tiempo en su oficina.
Pocos días después es separada de su cargo. Steer Álvarez fue el primer cambio en el gabinete de Manuel Duque y se dio luego que la funcionaria se opusiera a la construcción de una estación de servicio en Bocagrande, que según los vecinos de esa zona, violaba el Plan de Ordenamiento Territorial.
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