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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes señaló de promover conductas que, a su juicio, podrían afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
A través de su cuenta oficial de X, el funcionario afirmó que, en su calidad de ciudadano colombiano, presentará en las próximas horas una acción penal contra el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la representante a la Cámara Lina María Garrido y otras personas, por presuntamente incentivar acciones hostiles contra el país.
“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, escribió Sanguino, al advertir que este tipo de conductas podrían encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal colombiano.
Razones de la denuncia
El ministro citó expresamente el artículo 455 del Código Penal, que sanciona el delito de menoscabo de la integridad nacional. Esta norma establece penas de 320 a 540 meses de prisión para quien realice actos orientados a afectar la integridad territorial de Colombia, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o fraccionar la unidad nacional.
Sanguino indicó que las conductas denunciadas podrían también encajar en el artículo 458, relacionado con la participación en hostilidades contra la patria, una de las figuras más graves contempladas en la legislación penal colombiana en materia de protección del Estado.
Responsabilidad reforzada de los sujetos políticos
En su pronunciamiento, el ministro subrayó que la gravedad de los hechos se incrementa cuando este tipo de mensajes provienen de sujetos políticos, quienes por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico, la soberanía nacional y la integridad del territorio.
“Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico”, sostuvo.
Límites de la libertad de expresión
El ministro Antonio Sanguino fue enfático en señalar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede ser utilizada para justificar actos que, eventualmente, constituyan delitos contra la Nación.
“La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, concluyó.
Escenario jurídico
La eventual denuncia ante la Corte Suprema de Justicia se da en un contexto de alta sensibilidad política y jurídica, dado que involucra a congresistas aforados y a posibles conductas que afectan bienes jurídicos fundamentales del Estado, como la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional.
Se espera que una vez presentada la denuncia, el alto tribunal evalúe si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal en el marco de sus competencias constitucionales.
