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Familiares de dos mujeres colombianas que sufrieron un grave accidente vehicular en Chile y que se debaten entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidado Intensivo, piden ayuda a la Cancillería y las autoridades consulares colombianas para ser atendidos y puedan ser repatriadas.
Al tiempo, resaltan que los presuntos responsables del hecho no responden, razón por la cual necesitan realizar una repatriación médica urgente.
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Yasmin Soto y su hija, Alejandra Martínez, pidieron un servicio de vehículo por aplicación y salieron desde un centro comercial hasta el lugar donde se estaban hospedando en Calama, en Chile. Un recorrido que no debía durar mucho, sino es por que una camioneta se estrelló contra ellas.
"Yasmín y Alejandra, están en delicado estado de salud. Según nos indicaron los médicos mi cuñada tiene lesiones cerebrales y mi sobrina tiene lesiones cervicales por lo que ya se le han realizado dos operaciones", explico Catherine Vargas familiar de las mujeres accidentadas.
En su relato, cuenta además cómo ese 21 de agosto la vida les cambió. Sus familiares quedaron gravemente heridas, por lo que ella define como la irresponsabilidad de dos conductores.
"Fue culpa de los dos conductores. Por un lado, el conductor del vehículo que pidieron por aplicación no solo se voló el pare sino que no tendría licencia de conducción", dijo Katherine Vargas, una de sus familiares.
Aseguro que, sumado a ello, el conductor de la camioneta con la que se estrellaron vendría bajo los efectos del alcohol y no habría podido reaccionar a tiempo.
Según describe Katherine, lo increíble es que por un hecho que parecería tener tantos responsables, nadie les responde.
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"Ninguno de los dos conductores se ha puesto en contacto con nosotros para ver en qué nos pueden ayudar o de qué forma pueden contribuir", dijo la familiar.
Agregó que "todo ha corrido por cuenta de la familia; mi esposo (hermano y tío de las afectadas) se fue a Chile y desde aquí les estamos enviando dinero para los gastos, el hotel, la alimentación y para lo que pide el hospital; pañales y lo que ellas puedan necesitar para estar bien".
De esta forma, y antes lo complicado de la situación, el llamado de ayuda a la Cancillería y el Gobierno colombiano va en dos direccione:
"Pedimos la repatriación médica de ambas pacientes y asesoría legal, pues ambos conductores quedaron libres y ellos no se han podido acreditar como víctimas".
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Por ahora, contratar un abogado privado se les sale del presupuesto ya que, según cotizaron, este les estaría cobrando cerca de 40 millones de pesos colombianos solo por tomar el caso.
Un defensor de oficio no ha sido posible, pues les explicaron que estos solo defienden a los victimarios y no a las víctimas de este tipo de casos.
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La Cancillería por su parte, asegura que no es mucho lo que pueda hacer, solo iniciar el proceso legal y esperar que la justicia chilena tome las medidas necesarias.
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