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La iniciativa de autoría del representante a la Cámara por Cambio Radical Hernando José Padui, busca que los sistemas de salud, contributivo o subsidiado, no sigan entregando a los pacientes medicamentos genéricos.
Según lo indicó el congresista, la idea es que se prohíba la entrega de los medicamentos genéricos, debido a que “no hacen ningún efecto, terminan los empleados de las farmacias prescribiéndole el medicamento al paciente, porque a los médicos los obligan a prescribir un medicamento genérico que nadie conoce y que no sabemos si tiene la efectividad o no”.
Con el proyecto se busca darle facultades al Gobierno para que pueda regular la compra de medicamentos institucionales, y que los mismos puedan ser recetados a los pacientes. El representante indicó además que con esta ley se estaría atacando un foco de corrupción grande “porque si prohibimos los medicamentos genéricos, si el Gobierno nacional entra a regular y a negociar con las manufacturas terapéuticas va a establecer unos precios a los cuales esas manufacturas le van a vender al Gobierno, a unos precios especiales”.
El congresista aseguró que no es cierto lo mencionado por el Ministro de Salud, quien indicó que este tipo de medidas iban en contra de la estabilidad fiscal. Al respecto manifestó “esto no es así porque el laboratorio que quiera vender un medicamento en el territorio colombiano y que los va a seguir vendiendo de manera comercial libremente; ese mismo medicamento comercial idéntico, sin la marca, se lo tiene que vender al Gobierno nacional a un precio institucional, que no sería igual al precio del mercado”.
Pese a que el congresista espera que con este proyecto sean muchos los sectores en contra, incluso el Gobierno, Padui indicó que se dará la pelea.
“Vamos a demostrarle al Gobierno nacional, a la opinión pública, al mismo Congreso, que hay dinero suficiente para pagar un precio institucional. Hoy las grandes comisiones, los grandes recursos por vía de la corrupción que se pierden en el sistema de salud son grandísimos, y las EPS saben que tienen el deber de brindar medicamentos de alta calidad y le ponen barreras a los usuarios para que utilicen la vía judicial, y es lo que están haciendo, pues vamos a acabar con la ‘tutelitis’, no se puede jugar con la vida de la gente”, aseguró el congresista.
El proyecto que pretende ser ley de la República, también contempla sanciones a las entidades prestadoras de salud que no cumplan con la entrega de medicamentos institucionales, las cuales tendrían que pagar desde una pena privativa de la libertad de entre quince a veinticinco, y una multa de dos mil a cuarenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
