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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) entregó un análisis sobre los efectos que genera el incremento del salario mínimo legal vigente en las finanzas, la operación administrativa y la prestación de servicios públicos en las principales ciudades del país.
Asocapitales explicó cómo este ajuste, fijado en un 23,7%, tiene repercusiones directas e indirectas en distintos sectores que dependen de recursos públicos y de decisiones adoptadas a nivel nacional.
Habrá presiones sobre servicios urbanos y programas sociales
Uno de los principales impactos se evidencia en los sistemas de transporte público urbano, los cuales tienen una alta dependencia del componente laboral. En estos sistemas, entre el 40% y el 55% de los costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. El incremento del salario mínimo eleva de forma directa estos costos, lo que genera presión sobre las tarifas que pagan los usuarios o, en su defecto, sobre los subsidios financiados con recursos municipales. Esta situación afecta el equilibrio financiero de los sistemas, especialmente en ciudades donde la demanda aún no se ha recuperado plenamente.
En el sector de vivienda de interés social, el impacto también sería significativo. Al estar los valores de estas viviendas definidos en salarios mínimos, cualquier aumento repercute en el precio final de los proyectos. Esto se traduce en una menor oferta de nuevas soluciones habitacionales, mayores dificultades para ejecutar programas de vivienda urbana y de mejoramiento, y una reducción en la capacidad de compra de los hogares, debido al encarecimiento de los inmuebles y a condiciones menos favorables de financiación y subsidios.
El sector educativo tampoco es ajeno a estos efectos. El Programa de Alimentación Escolar y otros servicios asociados a la operación de las instituciones educativas enfrentan mayores costos, especialmente en rubros como personal manipulador de alimentos, transporte escolar y servicios tercerizados. El aumento del salario mínimo eleva el costo por beneficiario, lo que obliga a realizar ajustes en la planeación y limita la posibilidad de ampliar coberturas.
Efectos administrativos, fiscales y de contratación pública
Otro frente impactado corresponde a las multas, tasas y trámites administrativos, muchos de los cuales están expresados en salarios mínimos. El incremento automático de estas referencias encarece los trámites para ciudadanos y empresas, puede afectar los niveles de cumplimiento y tiene efectos directos sobre el recaudo de los gobiernos locales.
En materia de contratación pública, aunque los contratos no están indexados de manera directa al salario mínimo, el aumento de los costos laborales en el sector privado se traslada a las ofertas presentadas en los procesos de contratación. Esto genera mayores valores en obras y servicios, reduciendo el alcance de los proyectos que pueden ejecutarse con los mismos recursos disponibles.
La asociación advierte que el incremento del salario mínimo puede incidir en la categorización de municipios y distritos, la cual depende de variables expresadas en salarios mínimos. Esto podría generar presiones adicionales sobre las finanzas territoriales a partir de 2027, obligando a mayores esfuerzos de generación de ingresos para evitar cambios de categoría.
Asocapitales señala que estos factores configuran un escenario de presión sobre la inversión pública local, con menor margen fiscal, posibles aplazamientos de proyectos estratégicos y reducción en el número de beneficiarios de programas sociales. La asociación indica que continuará el análisis técnico junto con las ciudades capitales para consolidar una posición institucional frente a los efectos del incremento del salario mínimo en los territorios.
