Declararon inocentes a dos exdirectivos por la firma de un contrato del proyecto Hidroituango

El Juzgado 18 del Circuito de Medellín falló en primera instancia en favor de exdirectivos Luis Guillermo Gómez Atehortúa (exgerente de Hidroituango y exgerente Técnico de Empresas Públicas de Medellín) y a Luis Javier Vélez Duque (exgerente y representante legal de EPM Ituango), investigados por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales esenciales, dentro del proyecto Hidroituango, como lo pedía la Fiscalía General.

Durante las diligencias la defensa de los procesados logró demostrar que la Fiscalía estaba equivocada cuando pretendía argumentar que el contrato conocido como BOOMT (Build, Own Operate, Maintain and Transfer) suscrito entre la sociedad Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín (EPM) debió haberse llevado bajo la modalidad directa sin incluir a otros interesados.

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Según la defensa, en ese momento tanto el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) como EPM tenían la posibilidad de tomar la mejor decisión para el proyecto, siendo esta que una de las entidades se hiciera cargo del proceso a contratar.

"La negociación que dio origen a este proceso penal, se adecuó al trámite legal que le correspondía, máxime que el fin propuesto a través de la constitución EPM Ituango filial de su casa matriz Empresas Públicas de Medellín, cumple el interés general de la construcción de una hidroeléctrica entre entidades Estatales, conforme a su naturaleza, materializando con la firma del contrato BOOMT lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 del 1994 que gobiernan la actividad de contratación privada, prevista en el Código de Comercio y Civil, es decir, la sociedad Hidroituango sí estaba facultada conforme a la constitución y la ley, para celebrar el contrato BOOMT bajo la forma de la contratación directa con Empresas Públicas de Medellín, sin que con ello se violentaran los principios de la contratación a que alude la misma normatividad.", precisa el fallo de 426 páginas.

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Tras la decisión del juzgado la Fiscalía y la Contraloría anunciaron que interpondrán recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes.