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El director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, señaló que la solicitud de la Corte Constitucional a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investigue los "incumplimientos" del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las órdenes del alto tribunal de ajustar la unidad de pago por capitación (UPC), marcan la crítica situación del actual sistema de salud y la responsabilidad del gobierno nacional.
El exministro señaló que además está demostrado que el Ministerio de Salud no ha dado cumplimiento a estas órdenes de la corte Constitucional, permitiendo que se ahogue el sistema de salud, deteriorando la atención en salud de los colombianos.
“El pronunciamiento del alto tribunal deja en evidencia la gravedad de la situación actual y la responsabilidad directa del Ministerio de Salud y Protección Social frente al deterioro progresivo del sistema”, dijo.
Subrayó que la Corte determinó el incumplimiento de las órdenes 21 y 22, que obligan al Gobierno a garantizar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sea suficiente para cubrir los servicios de salud y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.
“Hay una apertura formal de incidente de desacato contra el Ministro contra el Ministerio de Salud lo cual ya de por sí muestra la gravedad de lo que está ocurriendo y la gravedad del actuar del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud”, dijo.
Apuntó que este hallazgo llevó a la apertura formal de un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, una medida excepcional que refleja, según el Centro de Pensamiento, “la magnitud y persistencia de las fallas en la gestión gubernamental”.
“Hay una exigencia de un plan de acción integral para enfrentar la crisis del sistema de salud lo que está enfrentando hoy el sistema de salud que está generando todas las dificultades para usuarios y pacientes. Y por último hay una activación del control disciplinario, hay una remisión, compulsión de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República”, resaltó.
Dijo que la Corte además le exige al Gobierno Nacional la presentación de un plan de acción integral, con medidas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a mitigar la crisis que hoy enfrentan usuarios y pacientes.
“Dicho plan deberá incluir indicadores verificables, capaces de demostrar resultados reales y no solo compromisos formales”, sostuvo.
¿Qué dijo la Corte?
En su pronunciamiento, la Corte Constitucional fue enfática al señalar que el incumplimiento “ya no puede considerarse coyuntural ni justificarse por la complejidad técnica del sistema”, y advirtió la existencia de una estructura persistente de incumplimiento, especialmente en el componente financiero.
El tribunal cuestionó además que el Ministerio haya respondido con información “fragmentada, parcial y no verificable”, sin evidencia clara de mejoras.
Otro de los puntos centrales es el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la que se le ordena ejercer un control efectivo y verificable sobre las EPS, en particular aquellas que han sido intervenidas por el actual Gobierno y que, según la Corte, presentan los mayores niveles de deterioro en la prestación de servicios.
Adicionalmente, la Corte dispuso la remisión de copias a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones disciplinarias, penales y fiscales a que haya lugar estrictamente contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Finalmente, la Corte dejó claro que el seguimiento al sistema de salud no se levanta ni se reduce.
“Según la Corte es importante el control constitucional el cual se debe intensificar y se mantienen abiertos todos los ejes estructurales relevantes, en un escenario que confirma que la crisis actual no es un hecho aislado, sino el resultado de órdenes estructurales incumplidas de manera reiterada, especialmente en los últimos tres años”, sostuvo.
Dijo que este pronunciamiento se convierte en una de las advertencias más severas del alto tribunal frente a la gestión del sistema de salud y plantea un escenario de alta exigencia institucional para el Gobierno Nacional en los próximos meses.
