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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado para que, los organismos internacionales, en especial aquellos que lideran acciones de favor del medio ambiente, le ponga toda la atención a Colombia, pues según el, las estructuras delincuenciales están acabado con la biodiversidad.
Explicó que las actividades ilícitas enfocadas a la siembra de coca atentan contra la riqueza natural del país.
Sus palabras tuvieron lugar durante su visita a la Cop16 que se realiza en la ciudad de Cali, y donde incluso, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también alertaron sobre lo que viene ocurriendo con las estructuras delincuenciales en contra de la biodiversidad.
"Quiero sumarme a la voz que alzó tanto la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre un tema que a veces pasa desapercibido, que se nos olvida y que es menester recordarlo en un espacio donde concurren líderes que buscan proteger el ambiente y la biodiversidad del mundo entero, como es en la COP 16, y es cómo los grupos armados ilegales precisamente están destruyendo el mayor activo que tenemos en Colombia que es su biodiversidad", declaró el mandatario antioqueño.
Rendón hizo énfasis en que no solo la biodiversidad del país es atacada por el narcotráfico, sino que, también, las mismas actividades relacionadas con la minería ilegal.
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También tenemos que cuidar el medio ambiente y para eso implementamos algunas acciones como las estrategias de carbono neutro y de buscar cómo se crea un marco impositivo y unos fondos para ayudar a preservar la naturaleza, pero se nos está yendo la riqueza natural y la riqueza de la biodiversidad de Colombia por los dedos de las manos, por no atacar con contundencia el crimen”, agregó el gobernador.
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A propósito de la Cop16, la Gobernación de Antioquia resaltó que, desde allí, se viene trabajando en la implementación de medidas de gestión orientadas a la conservación de las especies, y la importancia del trabajo conjunto entre entidades públicas y comunidades locales como estrategia colaborativa para la conservación de las áreas
protegidas de la región.
