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La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción, por $3.106.861.964 millones, para violar la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), los cuales tenían como objeto la limpieza y el mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas, así como el mantenimiento y reforzamiento de jarillones en 21 entidades territoriales del departamento de Bolívar.
Esto se da tras la comunicación de la Contraloría General de la República, recibida en enero del 2018, por medio de la cual fueron trasladados los resultados de informe de auditoría adelantada en Cardique.
Se enfatizó en la ausencia de planeación y de selección objetiva en los procesos de selección que adelanto la entidad en cuestión en el año 2016, situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por lo tanto, una posible malversación de recursos públicos.
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Siguiendo con el proceso, el 18 de junio del 2018, la Fiscalía General de la Nación, compulsó copias a esta Superindustria para informar sobre la investigación que adelantaba, a propósito de las presuntas irregularidades en la contratación por parte de Cardique.
Ante dicha situación, la entidad regulatoria se refirió a la imputación de cargos que realizó contra Olaff Puello Castillo, Katherine Martelo Fernández, Saray Cecilia Hernández Durán, Dalis Esther Herrera Vargas, Freddy Javier Rodgers y Bernabé Maldonado Maldonado.
En la investigación adelantada por la Superindustria se determinó que "los sancionados ejecutaron un acuerdo para actuar de manera coordinada y repartirse los 259 procesos de selección de 'Cardique'", en el que eliminaron las presiones competitivas propias de la contratación pública y resultaron adjudicatarios de forma deliberada y predeterminada.
La conducta se realizó a través de la estructuración de las licitaciones públicas que facilitaron la coordinación, participación y repartición de los procesos de selección.
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En la investigación fueron sancionados 51 agentes de mercado y 19 personas naturales. Dentro de los cuales los agentes se habrían cartelizado en procesos de selección, al repartirse los contratos mediante la conformación de '53 subcarruseles', situación que eliminó la competencia propia de la contratación pública.
La Superindustria resaltó que conta la decisión procede el recurso de reposición.
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