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Juan Pablo Estrada, asesor jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá, se pronunció en una entrevista con La FM de RCN sobre las recientes irregularidades detectadas en el contrato de administración de los cementerios distritales, suscrito en 2021 con el Consorcio Jardines de Luz y Paz.
Estrada aclaró que "este contrato no fue suscrito durante esta administración", pero que la Uaesp ha mantenido un seguimiento exhaustivo de su ejecución. Desde el comienzo del mandato actual, ya se habían impuesto tres multas de apremio por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Además, se han detectado 86 hallazgos por parte de la interventoría, lo que ha derivado en la apertura de siete nuevos procedimientos sancionatorios contra el consorcio.
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"Se impuso una sanción de incumplimiento por maniobras desplegadas por el contratista y su equipo legal", explicó Estrada, en referencia a las acciones legales emprendidas por Jardines de Luz y Paz en respuesta a las sanciones.
A pesar de estas irregularidades, Estrada subrayó que la prestación del servicio en los cementerios no ha sido afectada. "Lo que hubo fueron conductas que llevaron al cierre temporal de los cementerios para propender una crisis", señaló.
El asesor jurídico destacó que la Uaesp actuó de manera oportuna para garantizar la normalización de los servicios funerarios y aseguró que "hoy los parques cementerio están abiertos y hay normalidad en la prestación del servicio".
Añadió que los permisos de inhumación y cremación siguen bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, garantizando el acceso al sistema funerario distrital.
Sobre las denuncias presentadas por el contratista, Estrada fue enfático: "No hay una sola prueba que respalde la denuncia formulada por el contratista. Es evidente que con la formulación de una de las siete sanciones en curso, decide hacer la denuncia".
Asimismo, reveló que el contratista no cuenta con la póliza que garantice el cumplimiento del contrato, una irregularidad que ha contribuido a las sanciones impuestas.
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Finalmente, Estrada dejó claro que la actual administración no busca señalar culpables del pasado, pero que no puede permitir la ejecución de contratos sin garantías adecuadas.
