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Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidiera al Gobierno Nacional solicitar la patente de la vacuna contra el coronavirus, el director Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, le respondió a través de su cuenta en Twitter.
“Para el Gobierno Nacional, la prioridad es el ACCESO y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad, no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y Tratados Internacionales” (sic), afirmó.
López había asegurado que “en la Organización Mundial de Comercio (OMC) más de 100 países solicitaron que se apruebe la liberación global de patentes de las vacunas COVID-19. Invito al Gobierno Nacional a que respalde públicamente esa posición y se comprometa a defenderla por el bien de Colombia y la humanidad”.
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Cabe recordar que, en las últimas horas, el mandatario sancionó la ley que vuelve asunto de interés general la inmunización contra el coronavirus.
Además, que es este proyecto de ley crea un marco jurídico que le permite al Gobierno comprar vacunas con resultados inciertos que la actual legislación prohíbe en la ley estatutaria de la salud.
"El Gobierno Nacional podrá destinar directamente recursos financieros y firmar convenios con comunidades científicas y laboratorios especializados, públicos o privados, ubicados dentro o fuera del país, con el fin de asegurar el acceso referente a tratamientos preventivos y curativos con el propósito de contrarrestar contingencias de epidemia o pandemia", se indica en uno de los artículos.
Por su parte, el senador Fernando Nicolás Araújo, coordinador ponente de la propuesta, indicó que “la vacuna será de distribución gratuita para todos los colombianos, pero se seguirá aplicando en la medida en que va llegando, en la población priorizada con criterio científico, médico y epidemiológico definirá el Ministerio de Salud”.
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Esta ley también establece una especie de blindaje para las farmacéuticas que están elaborando la vacuna, las cuales no tendrán que asumir responsabilidades en Colombia por eventuales efectos secundarios que pueda generar la medicina en los ciudadanos.
