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En respuesta al ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien recientemente defendió la postura del Gobierno sobre las salidas al hacinamiento en las cárceles en Bogotá, el secretario de Seguridad de la ciudad, Óscar Gómez, sostuvo que "las excusas" del Ejecutivo no han permitido que el proyecto para construir una nueva cárcel que solucione esta problemática.
Recordó que en abril de 2021, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la USPEC, firmaron el Convenio 1127 para la construcción de la Cárcel Distrital II.
El funcionario indicó que para la construcción el único compromiso que tiene que cumplir el Gobierno Nacional, dentro del convenio firmado, es la entrega de una parte de los predios de La Picota para iniciar la construcción del penal y hasta el momento no se ha hecho, asegura el secretario de seguridad Gómez.
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También expresó en un comunicado que no es cierto que desde el Distrito se le haya solicitado al Gobierno Nacional la financiación para la construcción de la Cárcel Distrital II, pues en el convenio están claramente establecidos los compromisos de parte y parte, y por eso esta administración tiene previstos los recursos para la construcción del penal que contará con una capacidad de 3.000 cupos.
De acuerdo con cifras que se maneja en la Secretaría de Seguridad, en el 2019, Bogotá tenía una población privada de la libertad de 1.300 personas y luego de la medida tomada por el gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, a raíz de la pandemia, el hacinamiento en estaciones y URI se incrementó en un 200%, mientras que en las cárceles nacionales se disminuyó en un 50%.
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Se señala también que, de acuerdo con el llamado des-hacinamiento de cárceles nacionales, ordenado por la Corte Constitucional, se está haciendo deliberadamente desde el Gobierno pasado, al no recibir personas privadas de la libertad en esas cárceles a costa de hacinar las URIS y estaciones de Policía, un claro acto desleal contra los alcaldes de Colombia.
Para el secretario de Seguridad, se habilitaron más de 1.600 cupos para personas privadas de la libertad, en los años 2021 y 2022.
También se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión, en tiempo récord, con una inversión de 17.000 millones de pesos.
El comunicado de la Secretaría de Seguridad asegura que, “en esta alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos”.
También sostuvo que si de resocialización se trata, "el mejor ejemplo lo tenemos en nuestra Cárcel Distrital, que es la única del país certificada por la Asociación Americana de Correccionales (ACA) por sus buenas prácticas y atención a las personas privadas de la libertad con programas reales de resocialización".
Origen de la pelea
El actual desacuerdo comenzó con una crítica hecha por la alcaldesa Claudia López, quien tildó de desleal al Gobierno sobre las cifras de hacinamiento y el tratamiento que le ha estado dando al tema, tras las advertencias de la Corte Constitucional sobre esta problemática en las cárceles y URI de la capital.
“Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia”, sostuvo la alcaldesa.
Ante esta queja, el ministro Osuna dijo en Caracol Radio que, “lo que tengo que decir es que son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa, jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa, esas palabras fuertes no corresponden a ninguna realidad".
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