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La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reveló este miércoles que entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se recrudeció la violencia armada en Colombia, dejando 138.201 víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento armado.
Cabello señaló que en ese periodo se presentaron 60 eventos de desplazamiento forzados que afectaron a 16.939 familias conformadas por 53.515 personas de las comunidades indígenas.
Al mismo tiempo, dijo que se registraron 78 casos de confinamiento armado que afectaron a 19.456 familias, es decir, a 84.686 personas.
“Nos preocupa el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, asociada a las luchas que existen hoy por el control de las rentas ilegales, nos preocupa que terminan revictimizando a las comunidades étnicas rurales, mujeres y a los niños y niñas”, señaló la Procuradora.
También aseguró que hechos violentos que generan más víctimas son los desplazamientos masivos, los eventos de confinamiento, reclutamiento ilícito y las amenazas, donde los afectados son las comunidades indígenas.
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La procuradora general señaló que de acuerdo con cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, “entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se presentaron 60 desplazamientos forzados que afectaron a 16.939 familias, eso corresponde a 53.515 personas pertenecientes todas ellas a pueblos técnicos, en ese mismo periodo se reportaron 78 eventos de confinamiento, eso corresponde a 19.456 familias compuestas por 84.686 personas, es claro que la violencia se ha agudizado en este año”, manifestó.
Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó, son los departamentos más afectados. Detalló que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial de la exploración y explotación de los recursos naturales, el narcotráfico y el despojo de tierras, son los causantes de los desplazamientos forzados, confinamientos y de las amenazas.
Dijo también que el desconocimiento de las autoridades indígenas, los homicidios selectivos, masacres y la creciente violencia contra las mujeres, hacen parte del recrudecimiento del conflicto armado en el país.
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Cabello destacó la labor que desde el órgano de control se ha hecho para brindar acompañamiento y apoyo a las familias víctimas de este tipo de ataques armados.
“Desde la Procuraduría hemos fortalecido nuestro acompañamiento a las víctimas de estos hechos, especialmente los que tienen que ver con el desplazamiento y con los confinamientos”, sostuvo.
También rechazó los ataques contra las comisiones de la Unidad de Restitución de Tierras. “Como Procuraduría no podemos dejar de pronunciarnos para rechazar vehementemente los atentados ocurridos en el pasado mes de julio y que acabaron con la vida de dos reclamantes de tierra y con las vidas de una comisión de colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras en el municipio de Mesetas en el Meta".
"Igualmente, sobre los hechos sucedidos en Buga La Grande en el Valle del Cauca también tenemos que pronunciarnos, dejaron cuatro policías heridos y dos muertos en el marco de la acompañamiento a una diligencia de restitución, lamentamos esos hechos ocurridos contra defensoras y defensores de derechos humanos y en particular tenemos que lamentar la afectación de la representante de víctimas y lideresa del Huila Derly Pastrana, a sus familias amigos y colegas, la Procuraduría le reitera su sentido pésame y adicionalmente le entrega toda la solidaridad de vida para este doloroso hecho”, concluyó.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, inició su intervención con un minuto de silencio por las más de nueve millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia.
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Señaló que es preocupante el incremento de los hechos violentos en diferentes regiones del país, donde los casos de desplazamiento masivo y de confinamiento, siguen siendo los más preocupantes.
El defensor Camargo resaltó que las comunidades indígenas siguen siendo las más afectadas en medio del incremento desmesurado de los ataques armados, perpetrados por grupos al margen de la ley.
“La Defensoría del Pueblo llama la atención al Gobierno Nacional y de las entidades competentes sobre la necesidad de atender la profundización del conflicto armado en el país, que continúa generando violaciones a los Derechos Humanos y aumentando su número de víctimas”, dijo.
Los pronunciamientos tanto de la procuradora General y del defensor del Pueblo se dieron en el marco de la presentación de los informes de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras y decretos ley étnicos.
