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La Veeduría Ciudadana, Vigilancia y Control Sostenible denunció presuntas irregularidades en el proyecto de Acuerdo, mediante el cual la administración del alcalde Carlos Pinedo busca asumir los recursos del alumbrado público de la ciudad de Santa Marta.
La alerta fue enviada por el veedor Raúl Martínez Aguilera, al secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, Andrés Idárraga, a la Procuraduría General, la Contraloría General y a la Superintendencia de Servicios Públicos.
El proyecto fue aprobado por el Concejo Distrital el 31 de diciembre en una sesión extraordinaria convocada por el mismo alcalde y según la Veeduría, dicha aprobación se realizó "a pupitrazos" y bajo una supuesta estrategia para garantizar el respaldo de la mayoría de los cabildantes.
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Tras analizar el plan presentado por la Alcaldía, la veeduría identificó varios aspectos que podrían violar la legalidad del trámite. Uno de los puntos más críticos señala que la cesión del cobro del alumbrado público implicaría la transferencia de la única fuente positiva de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), lo que podría llevarla a la quiebra.
Según las proyecciones, esa operación significaría un ingreso aproximado de $100.000 millones para la presente anualidad del distrito.
El documento enviado al Gobierno Nacional también advirtió que acuerdos previos del Concejo, firmados en 2016 y 2018, transfirieron a la Essmar el 100% del impuesto del alumbrado público y su infraestructura. Además, decretos emitidos por la Alcaldía en esos mismos años, establecieron que estos recursos formarían parte del patrimonio de la empresa.
Según las normas legales, al estar la Essmar bajo intervención, ninguna autoridad puede disponer de sus bienes, recursos o patrimonio, salvo autorización del agente interventor.
“El Concejo justificó la aprobación argumentando que los acuerdos de 2016 y 2018 eran ilegales. Sin embargo, ningún juez de la República ha declarado dicha ilegalidad”, se lee en la denuncia de la Veeduría Ciudadana, Vigilancia y Control Sostenible.
En este contexto, la veeduría recordó que la única autoridad competente para tomar decisiones sobre los recursos de Essmar es el actual agente interventor, Erney Velázquez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.
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Desde ese organismo concluyeron que según los acuerdos vigentes, las rentas del alumbrado público pertenecen exclusivamente a Essmar por un período de 30 años, lo que hace imposible que la administración distrital de Santa Marta las retome antes de cumplir el plazo establecido.
