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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), impuso sanciones a 20 empresas de transporte especial y a 26 individuos por obtener ventajas competitivas de manera ilegal, influir en la selección de contratos y conspirar en licitaciones estatales. Entre las entidades afectadas se encuentran el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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“Los sancionados se beneficiaron en más de 33 procesos de contratación llevados a cabo por diversas entidades del Estado. En relación con la primera conducta, la Superintendencia descubrió una serie de chats entre algunos investigados y personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte”, indicó la SIC.
Según el ente de control, en las conversaciones se evidenció que se tramitaron de manera preferente diversos documentos requeridos para participar en procesos de contratación estatal. Esto permitió que algunas empresas obtuvieran una serie de ventajas competitivas ilegales frente a otros agentes del mercado que no contaban con dichos privilegios.
En cuanto a la segunda conducta, la SIC conoció pruebas que vinculan el direccionamiento de procesos de contratación a algunas empresas que prestan el servicio de transporte especial y personas vinculadas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia Nacional del Espectro y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
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“Así, algunas de las empresas sancionadas habrían sido favorecidas por las personas vinculadas con estas entidades estatales en ocho procesos de selección”, sostuvo la SIC.
Finalmente, en la tercera conducta, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró pruebas que vinculan a 20 empresas prestadoras del servicio de transporte especial en un acuerdo colusorio que se presentó en aproximadamente 18 entidades del Estado, entre las que se destacan el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Fonade, las Alcaldías de Bogotá, D.C., Envigado y Armenia, entre otras.
Es importante destacar que, en la fase preliminar de la investigación, la Superintendencia, en ejercicio de las facultades de policía administrativa de inspección, vigilancia y control, recopiló elementos probatorios de equipos de cómputo, celulares y correos electrónicos. Estos permitieron a la autoridad de competencia comprobar la existencia de la conducta anticompetitiva, la forma en que las empresas investigadas llevaron a cabo su actuar ilegal y los mecanismos de seguimiento que adoptaron para vigilar el cumplimiento de su comportamiento anticompetitivo.
Finalmente, el total de las multas impuestas por la Superintendencia a las 20 empresas ascienden a $28.264.467.484.
