Procuraduría exige planes de contingencia ante paro armado anunciado en Caquetá y Putumayo

Según la Ministerio Público, se debe garantizar la atención de las comunidades.
El órgano de control aclaró que este requerimiento no implica injerencia en las decisiones administrativas.
El órgano de control aclaró que este requerimiento no implica injerencia en las decisiones administrativas. Crédito: Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las autoridades territoriales de Caquetá y Putumayo, para que activen los planes de contingencia frente al anuncio de un paro armado por parte de disidencias de las Farc en varias comunidades de esta zona del país.

Según el Ministerio público, se hace urgente que se adopten medidas inmediatas que permitan atender las posibles afectaciones humanitarias derivadas de esta situación en estos dos departamentos del sur de Colombia.

El ente de control solicitó a las entidades departamentales y municipales activar, de ser necesario, sus planes de contingencia, con el fin de responder de manera oportuna a eventuales escenarios de confinamiento o desplazamiento forzado de comunidades, priorizando la garantía de derechos fundamentales como la alimentación, la atención en salud, el albergue y la movilidad.

Dijo que en la Regional de Instrucción de Caquetá es importante fortalecer la articulación entre las entidades nacionales y territoriales, a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para asegurar una atención integral a las poblaciones afectadas, así como la adopción de decisiones que permitan implementar de manera efectiva la ayuda humanitaria y su correspondiente seguimiento.

La Procuraduría recordó además que los municipios, en su calidad de primer respondiente, tienen la obligación de atender de forma inmediata los hechos victimizantes que se presenten dentro de su jurisdicción.

En caso de que la magnitud o la recurrencia de los eventos supere su capacidad de respuesta, deberán documentar la situación y solicitar apoyo al nivel departamental.

“A su vez, si las autoridades departamentales ven desbordada su capacidad operativa, deberán acudir al orden nacional, representado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para recibir el respaldo requerido según las particularidades de cada caso”, afirmó.

Finalmente, el Ministerio Público instó a las personerías municipales a realizar un seguimiento permanente a la situación humanitaria, atender oportunamente los casos individuales que se presenten y coordinar las acciones necesarias para responder ante un eventual evento masivo, incluyendo la caracterización de las personas y comunidades afectadas.

La Procuraduría reiteró la importancia de la prevención, la coordinación interinstitucional y la respuesta oportuna, como elementos clave para proteger a la población civil y mitigar los impactos humanitarios derivados de la violencia armada en estos territorios.


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