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El director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, confirmó en entrevista con La FM que uno de los inmuebles bajo control de la entidad fue utilizado de manera ilegal para la elaboración de licor adulterado, relacionado con la muerte de 11 personas en Barranquilla. Según explicó, el predio había sido previamente sellado, pero fue vulnerado por personas que rompieron los muros y lo ocuparon irregularmente.
¿El inmueble donde se fabricó el licor adulterado pertenece a la SAE?
Avendaño aclaró que el lugar donde se consumió el licor adulterado no corresponde a un inmueble de la SAE. Sin embargo, precisó que “sí había un predio bajo control de la entidad donde se estaba empacando el producto”. El funcionario indicó que se trataba de un apartamento en mal estado, ubicado en un segundo piso, que ya había sido sellado por la entidad.
“Nosotros retiramos a las personas, eliminamos puertas y ventanas, y levantamos muros para impedir el ingreso”, explicó Avendaño. No obstante, detalló que los ocupantes ilegales volvieron a ingresar tras derribar los sellos, lo que permitió que continuara la producción clandestina.
De acuerdo con su relato, la Policía ha realizado varios allanamientos en el lugar y decomisado productos ilegales. “Así como ellos rompen muros para entrar, nosotros volvemos a sellar”, añadió, al señalar que esta situación se repite en otros bienes bajo custodia de la entidad.
¿Qué acciones tomó la SAE tras detectar la ocupación ilegal?
El director territorial precisó que tuvo conocimiento de la ocupación en marzo y que desde entonces se adelantaron acciones para recuperar el inmueble. “Colocamos nuevamente los muros y sellos, y coordinamos con la Policía los operativos”, indicó. Sin embargo, reconoció que la reincidencia de los ocupantes hace difícil un control permanente.
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Avendaño sostuvo que estos hechos no se limitan a un solo predio. “En la zona hay inmuebles asociados tanto al microtráfico de drogas como a la elaboración de alcohol ilegal”, afirmó. Aunque no entregó cifras ni ubicaciones exactas, explicó que esta información hace parte de procesos de investigación de la Policía.
Sobre la posibilidad de demoler inmuebles usados para actividades ilícitas, señaló que en algunos casos no es viable por la estructura de los edificios y la cercanía con viviendas habitadas. “No podemos demoler porque hay otras propiedades con riesgo estructural”, aseguró.
Finalmente, Avendaño destacó que la entidad trabaja en un programa para transformar los bienes bajo su control. “Queremos pasar de inmuebles usados para la criminalidad a proyectos productivos con impacto social”, dijo. Según explicó, se busca entregarlos en arriendo a entidades que desarrollen actividades comunitarias, en coordinación con la fuerza pública y autoridades locales.
