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La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva dirigida a 469 municipios y al gobernador del Vichada, por el presunto uso inadecuado de recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB).
La advertencia se sustenta en los hallazgos del Informe Nacional de Monitoreo 2024 elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que evidenció irregularidades en la ejecución presupuestal de estas partidas destinadas a servicios esenciales.
De acuerdo con la información revisada por el organismo, se identificaron registros presupuestales por $5.714 millones, asociados a actividades de gasto no elegibles dentro del marco del programa.
Además, 87 municipios presentan registros pendientes por aclarar, situación que podría comprometer la destinación legal de los recursos y afectar la continuidad de proyectos para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico en distintas regiones del país.
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La Procuraduría recordó que los recursos del SGP–APSB deben utilizarse exclusivamente en inversiones orientadas a fortalecer los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según lo establece la Ley 1176 de 2007 y los decretos 028 de 2008 y 1077 de 2015.
Estas disposiciones buscan asegurar que los fondos públicos asignados a este componente se traduzcan en obras, mantenimiento y ampliación de la cobertura, en lugar de ser utilizados para fines administrativos o no relacionados con la prestación de los servicios.
La Procuraduría, a través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, hizo un llamado a las entidades territoriales para garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos que integran el sistema.
La advertencia señala que el uso inadecuado de estas partidas podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y administrativas, dependiendo del tipo de irregularidad detectada en cada caso.
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Con esta alerta, el organismo busca prevenir posibles afectaciones al derecho al agua y al saneamiento básico, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución presupuestal local. El llamado incluye a alcaldes, gobernadores y responsables financieros de los municipios, quienes deberán revisar la legalidad de los registros y asegurar que los fondos sean invertidos conforme a la normativa vigente.
