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La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra miembros del Ejército por determinar por la desaparición de cinco indígenas y la quema de varias viviendas durante la Operación Artemisa contra la deforestación.
Según la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los indígenas desaparecidos harían parte del cabildo la Esperanza en San Vicente del Caguán.
De acuerdo con esta denuncia, los hechos habrían sucedido el 5 de marzo en horas de la madrugada, cuando funcionarios de la fuerza pública habrían ingresado a las veredas de El Triunfo y la del cabildo indígena La Esperanza.
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La denuncia asegura que los uniformados “incineraron y detonaron cargas explosivas en las viviendas de un campesino y de una indígena perteneciente al cabildo”.
En medio de las investigaciones, la Procuraduría le pidió a la Sexta División del Ejército Nacional y al Comando de la Policía Caquetá documentos e informes sobre los hechos ocurridos el 5 de marzo en esa veredas.
“Con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituyen falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor público presuntamente comprometido y establecer si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, dijo la Procuraduría.
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El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega informó que en desarrollo de la fase 14 de la Operación Artemisa se presentó una “asonada violenta contra los servidores públicos” encargados de combatir la deforestación y los incendios en el Parque Nacional Natural Serranía del Chibiriquete.
Según ese comando, en medio de esas operaciones “una persona murió, un soldado fue secuestrado, se destruyeron dos infraestructuras ilegales y se realizó la captura de dos personas” por delitos contra el medio ambiente.
En el marco de la Operación Artemisa, el Ministerio de Defensa informó que son 17 personas las más buscadas por deforestación por quienes se ofrece recompensa de hasta 300 millones de pesos para dar con su captura.
