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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió al paso de las revelaciones presentadas por Noticias Caracol sobre presuntos contactos irregulares entre funcionarios del Estado y alias ‘Calarcá’, uno de los jefes criminales más buscados del país.
En un comunicado público, el jefe de la cartera reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción, ilegalidad o cooperación con estructuras armadas, y anunció una investigación interna “rigurosa y exhaustiva”.
Sánchez aseguró que el Gobierno, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso “absoluto” con la transparencia y la Constitución, por lo que ordenó activar todos los mecanismos de control institucional y trabajar “en colaboración armónica” con la comunidad de inteligencia.
También confirmó que el Ministerio ha puesto a disposición de la Fiscalía General todos los insumos necesarios para agilizar la investigación penal en curso.
El ministro fue enfático en que la Fuerza Pública actuará sin contemplaciones contra cualquier uniformado —activo o retirado— o funcionario del sector Defensa que incurra en vínculos con criminales.
“La cooperación con delincuentes es una línea roja que jamás se cruzará”, afirmó, advirtiendo que cualquier responsable enfrentará “todo el peso de la justicia”.
Sánchez también abordó el estatus jurídico de alias ‘Calarcá’, cuya orden de captura se encuentra suspendida temporalmente bajo los parámetros de la Ley 2272 de 2022 (Paz Total).
Aclaró que esa condición “no constituye un salvoconducto para delinquir” y que, si es encontrado en flagrancia, la Fuerza Pública está obligada a proceder con su detención inmediata.
Reiteró además que tanto ‘Calarcá’ como alias ‘Iván Mordisco’ son criminales responsables de secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores y economías ilegales.
En paralelo, el Ministerio recordó que sigue habilitada la línea nacional 157 contra la corrupción, para que la ciudadanía denuncie con reserva cualquier actuación irregular dentro del sector Defensa.
Las declaraciones del ministro se dan en medio de un ambiente político tenso, marcado por señalamientos de la oposición y exigencias de explicaciones al Gobierno sobre los supuestos vínculos de funcionarios con estructuras delictivas.
Con su pronunciamiento, Sánchez busca enviar un mensaje de control institucional y cerrar filas para contener el impacto político y operativo que genera el escándalo en la Fuerza Pública, una institución que —según insistió— se sustenta en el honor y la legalidad.
