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Ecopetrol y su filial Cenit se pronunciaron tras la denuncia penal presentada en su contra por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), señalando que son “respetuosas de la Constitución, la normatividad legal vigente, los derechos de asociación y libertad sindical”.
En un comunicado, las compañías aclararon que “ni los miembros presuntamente denunciados han sido notificados de la actuación legal” y aseguraron que atenderán los requerimientos de las autoridades judiciales.
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También recordaron que “la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Cenit y la USO en el 2019 se encuentra vigente, con ocasión a la prórroga que operó el pasado 31 de agosto, por seis meses más”.
Frente al proyecto OPES y los cambios en la jornada laboral, la empresa afirmó que “no se han presentado despidos masivos” y que la definición de los nuevos turnos “se realizó de manera democrática mediante votación, con una participación del 70% del equipo de la operación”. Asimismo, señalaron que desde 2021 se han otorgado “más de 11 mil días de permisos remunerados” y alrededor de “$6.500 millones en viáticos y transportes” a los dirigentes sindicales de la SUO.
“No puede pretenderse hacer ver como una conducta delictuosa, el ejercicio legítimo de Empresas para definir la jornada y horarios de trabajo al interior de cada una de sus áreas”, advirtió la compañía en su pronunciamiento.
El trasfondo de la denuncia
La respuesta surge luego de que la SUO presuntamente presentara una denuncia penal ante la Fiscalía por la presunta violación de los derechos de reunión y asociación. Según William Silgado, vocero de la subdirectiva, la acción busca rechazar el retiro unilateral del pliego de peticiones aprobado en 2023, que había sido respaldado por cerca de 1.500 trabajadores.
“El 18 de julio de 2025, el presidente de la USO retiró el pliego sin consultar ni a la SUO ni a la base sindical. Esto va en contra de la democracia interna”, sostuvo Silgado.
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Además de ese episodio, la subdirectiva ha expresado preocupación por lo que considera una “privatización encubierta” a través del proyecto OPES, que estaría afectando la operación logística y la estabilidad laboral en Cenit. Ante la falta de intervención del Ministerio de Trabajo, decidieron llevar el caso a instancias judiciales.
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