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Fue radicada una denuncia penal por parte de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), que hace parte del sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO), ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta violación a los derechos de reunión y asociación.
De acuerdo con el sindicato, esas acciones están tipificadas en el artículo 200 del Código Penal colombiano y agregaron que “en la documentación entregada al ente acusador también evidencian jornadas laborales ilegales y proyectos de reducción de personal (como OPES) que ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental en algunas plantas de Cenit, encargada del transporte logístico de los hidrocarburos”, indicó el presidente de la SUO, William Silgado.
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El directivo señaló que el caso ya está en manos de la Fiscalía 430 de la seccional Bogotá, la cual tendrá que investigar la razón del retiro unilateral e inconsulto del pliego de peticiones aprobado por la Asamblea de la Subdirectiva en el año 2023, desconociendo la voluntad de más de 1.500 trabajadores afiliados.
“Al igual que la negativa de Cenit, filial de Ecopetrol, para instalar la mesa de negociación colectiva, en contravía de la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", dijo.
Silgado precisó que los denunciantes también reportan algunas represalias contra dirigentes sindicales. “Esta situación se ha presentado en la revocatoria arbitraria del permiso sindical del dirigente Ariel Corzo Díaz, miembro además de la Junta Directiva de La Unión Sindical Obrera- USO, afectando su derecho a la representación y el de los trabajadores a ser defendidos. De igual manera, presiones a trabajadores para que firmaran contratos individuales que implican renunciar a derechos convencionales adquiridos”, sostuvo.
Añadió que “esas conductas constituyen un ataque sistemático y coordinado para debilitar y desmantelar la representación legítima de la Subdirectiva SUO, poniendo en riesgo la vigencia de la Convención Colectiva USO–ECOPETROL 2018–2022 y afectando directamente a cientos de familias trabajadoras. En este orden de ideas, solicitamos el avance de investigación penal, el análisis y recolección de pruebas documentales, testimoniales y digitales, así como el otorgamiento de medidas de protección a favor de los denunciantes y del dirigente Ariel Corzo Díaz y el traslado a la Procuraduría para sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos que hayan avalado decisiones ilegales”.
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La Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) advirtió que no se trata de un simple diferendo sindical, sino de una violación grave a la libertad sindical, la negociación colectiva y la democracia interna, con posibles repercusiones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
