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Un nuevo choque quedó planteado entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, por el decreto que permitirá la excarcelación de miles de presos en medio de la emergencia por el coronavirus.
Durante su intervención, en una reunión virtual de la Comisión de Paz del Congreso, el fiscal Barbosa y el contralor general, Felipe Córdoba, insistieron en la necesidad de utilizar los bienes que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los cuales han sido incautados a la mafia y a la ilegalidad, para albergar a las personas que saldrán de los centros penitenciarios.
Sin embargo, la ministra Margarita Cabello, les advirtió que los bienes que están en poder de esa entidad, no sirven para albergar presos.
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“Los dos inmuebles que nos ofrecieron no reúnen las condiciones, uno era un famoso prostíbulo del centro y no cuenta con las garantías, no hay situaciones de sanidad, tocaría reestructurar esos dos inmuebles, lo cual nos llevaría mucho tiempo y esa posibilidad no está”, manifestó.
“Nosotros hablamos con la SAE, nos ofrecieron dos edificaciones en Bogotá, pero no son viables estructuralmente hablando, están totalmente desbaratadas y no tienen las condiciones de seguridad”, insistió.
Ante esto, el fiscal Barbosa tuvo que lanzar una dura advertencia sobre posibles consecuencias penales para quienes están administrando esos bienes que son incautados a la mafia, a la corrupción y a los grupos ilegales.
“Si esos bienes están complemente destruidos y están inservibles, aquí estamos hablando de una responsabilidad muy grave de la manutención de esos bienes y la directora de la SAE tendría que ser citada y explicar exactamente por qué ni siquiera tiene bienes disponibles para este tipo de menesteres”, indicó.
El fiscal añadió que “habría unas responsabilidades, desde el punto de vista fiscal y penal, por el manejo de esos recursos que son del Estado y no puede ser admisible el argumento que no son servibles para ningún propósito”.
El contralor Felipe Córdoba, por su parte, afirmó que se deben buscar inmuebles adecuados para cumplir con esta tarea. “Hay 93 hoteles de la Sociedad de Activos del Estado, que nos lograrían solucionar este lío y otros bienes que podrían ayudar también en la resocialización”, señaló.
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El Gobierno aclaró que si la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está en condiciones de ofrecer bienes que cumplan las condiciones de seguridad y salubridad, la propuesta del fiscal para albergar a las personas privadas de la libertad durante esta emergencia, sí sería viable.
El fiscal Barbosa aseguró que en todo caso, una medida de excarcelación no puede paralizar la justicia y generar un cierre de las penitenciarias, teniendo en cuenta que, pese ese a la cuarentena y a la crisis sanitaria, se siguen presentando hechos criminales.
Además, Barbosa solicitó que se respeten los Derechos Humanos y las garantías de alimentación y salud para quienes van a gozar del beneficio de la casa por cárcel.
