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El consejero presidencial de seguridad nacional, Rafael Guarín, aseguró que la violencia en el departamento del Cauca viene desatada por las rentas ilegales y considera que se requiere hacer un trabajo coordinado con la guardia indígena para permitir el ingreso de la fuerza pública y de las autoridades civiles.
Según el funcionario, "la presencia de los grupos armados organizados en el norte del Cauca obedece específicamente al control de las rentas y cultivos ilícitos, en 2013 teníamos 3.326 hectáreas de coca, para el año 2018 tenemos 17.000 hectáreas".
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Guarín considera que esta situación tiene que ver "con el hecho que en el norte del Cauca se impide el ingreso de la fuerza pública para erradicar. Aquí lo que tenemos que hacer es un diálogo abierto y franco con las autoridades indígenas y establecer de común acuerdo respetando la autonomía, un modelo de seguridad y que nos permita enfrentar este desafío del narcotráfico".
Consultado sobre un posible nivel de desconfianza por parte de las autoridades indígenas en la fuerza pública, Guarín indicó que la tarea del Gobierno es "sentarnos a dialogar y concertar las medidas para que esa articulación se haga de manera transparente y con garantías plenas para el derecho de los indígenas".
Mientras tanto las misiones de verificación de la ONU y de apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) repudiaron este martes la masacre perpetrada al parecer por disidentes de las FARC en la que murieron cinco indígenas y seis más resultaron heridos en el departamento del Cauca.
El jefe de la Misión Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó "los graves hechos ocurridos en Cauca, que se suman a la preocupante situación del departamento".
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"La Misión se solidariza con la comunidad Nasa, sus autoridades y la guardia indígena. Las garantías de seguridad para las comunidades son esenciales para consolidar la paz", señaló Ruiz en Twitter.
