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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas cautelares de cesación provisional contra las EPS Medimás, Coomeva, Savia Salud, Comparta, Ambuq y Convida.
Según la entidad esta medida se realizó porque no han resuelto de fondo y de manera inmediata las 14.130 peticiones, quejas y reclamos que tienen desde enero del 2019, relacionadas con la autorización y entrega de medicamentos, la prestación de todo tipo de servicios y los tratamientos a pacientes de alto costo.
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El Superintendente Fabio Aristizabal les exigió a estas EPS presentar un plan completo que evidencie el cumplimiento de las órdenes y a demostrar los resultados efectivos que garanticen de manera inmediata la respuesta a los usuarios.
“La mayoría de estas peticiones, quejas y/o reclamos, fueron radicadas ante la Superintendencia a lo largo de 2019, y hasta el 31 de marzo de 2020 y muchas de ellas se clasifican dentro de la categoría de “riesgo de vida”, es decir que requieren de atención inmediata, no mayor a dos días hábiles”, subrayó.
Las mayores quejas se concentraron en Medimás con 7.248; Coomeva tiene 3.861 quejas, Convida 1.052, Savia Salud registra 695, Comparta 579 y Ambuq 695 peticiones quejas y reclamos.
“Las EPS Medimás y Coomeva concentran el 79% de las quejas que deben ser atendidas con inmediate”, afirmó.
Agregó que mediante resoluciones la Supersalud busca con estas medidas cautelares de cesación provisional que las EPS eliminen las barreras administrativas que han obstaculizado o negado el acceso a sus afiliados, incluso a servicios básicos como la programación de citas médicas, la autorización de procedimientos o la entrega de tecnologías de salud.
“No vamos a permitir que los derechos de los usuarios sean vulnerados, más si tenemos en cuenta la emergencia sanitaria que atravesamos; aquí las EPS tienen la responsabilidad de garantizar, no solo durante esta situación sino de manera continua, una atención en salud en términos de disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y calidad y para quienes no cumplan seremos implacables con las sanciones”, aseguró el Superintendente.
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Dijo que las órdenes proferidas obligan a que, de manera inmediata, sean resueltas las dificultades identificadas por el ente de control, relacionados fundamentalmente con la entrega de medicamentos y las barreras de atención a pacientes de alto costo.
“Es inaceptable que los usuarios tengan que seguir padeciendo dificultades para acceder a los servicios de salud; todas las EPS tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y más tratándose de usuarios con protección especial como es este caso”, puntualizó.
