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Diferentes organizaciones de salud y médicas en el país apoyaron la iniciativa de la Procuraduría tras solicitar a la Corte Constitucional que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sector salud, por la crisis que enfrenta este sector en el país.
El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas Agamenón Quintero, afirmó que esta es crónica de una muerte anunciada, no solo por esta entidad de profesionales de la salud, sino que también por otras organizaciones médicas y pacientes que a gritos han pedido que se resuelvan los problemas que afronta el actual sistema de salud en Colombia.
“La solicitud de estado de cosas inconstitucionales, presentada por la Procuraduría Delegada para asuntos de salud, es crónica de una muerte anunciada, desde el año 2024 distintos sectores hemos colocado alertas por la difícil situación con la que inició y ahora finaliza el 2024 y que se resumen en los problemas de los pacientes, del talento humano en salud, de los prestadores públicos y privados”, indicó.
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El especialista además criticó al Ministerio de Salud por los incumplimientos que se han tenido con las diferentes decisiones judiciales que buscan proteger a los colombianos.
“Entidades de vigilancia como la Procuraduría, en donde el señor Ministro usa artimañas jurídicas como la recusación, para hacer de conocerla e incluso se advierte la desatención que el señor Ministro Jaramillo ha hecho a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, lo que eventualmente puede considerarse como presunto prevaricato por omisión y presunto fraude de resolución judicial”, manifestó.
Subrayó que esto evidencia que existe una falta de gobernanza en salud. “Este es un tema que ya se había dicho en momentos anteriores, desde hace 2 años, no puede el señor Ministro seguir mirando el espejo retrovisor para culpar a los Gobiernos y menos administrarse la salud con ideologías y proyectándose así para las elecciones del 2026, hacemos nuevamente un llamado al Gobierno Nacional para que tome las medidas necesarias para poder garantizar las el derecho fundamental a la salud”, subrayó.
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Por su parte Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de Unión de IPS de Colombia, señaló que la solicitud que presentó la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Constitucional obedece a una realidad que vive el sistema de salud.
“En este momento para nosotros la red prestadora de servicios de salud, en la cual jugamos un papel importante en la cadena del aseguramiento, es muy importante que la Corte Constitucional entre a pronunciarse al respecto y logre hacer un análisis profundo del seguimiento de la sentencia T 760 y de todos los autos que ha emitido durante este ejercicio”, indicó.
Subrayó que es importante un pronunciamiento que permita proteger a los pacientes y usuarios del sistema.
“Es de carácter urgente que la Corte Constitucional se pronuncie una vez revisado el estado y los argumentos que se presentan en la solicitud. También es urgente que el gobierno nacional entre a hacer un ejercicio de revisión de todo el proceso a través de las EPS intervenidas, a través del componente del aseguramiento, a través del Estado financiero mismo del sistema. La declaratoria del ministro de que hay un sistema en cuidados intensivos requiere de la atención inmediata de todos los sectores”, puntualizó.
