Indígenas wayúu denuncian posible desplazamiento inducido por construcción de cárcel en Riohacha

Indígenas wayúu de la comunidad La Ceibita Macedonia (La Guajira) llegaron a la ciudad de Bogotá para radicar una denuncia penal y disciplinaria ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, para exigir la intervención del Estado colombiano frente a lo que consideran un posible desplazamiento inducido generado por la construcción de una cárcel de mediana seguridad que avanza según denunciaron, sin una consulta previa.

La comunidad señala que han sido confinados a un espacio cada vez más reducido, que sus jagueyes y reservorios de agua han sido destruidos y que lugares sagrados como su cementerio ancestral han sido intervenidos y profanados.

Al tiempo, advierten que cualquier proyecto que pueda afectarla requiere consulta previa efectiva y reconocimiento de sus autoridades tradicionales. El incumplimiento de estas obligaciones, señalan que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que compromete la legitimidad de las decisiones tomadas alrededor de la obra.

Denuncias pérdidas en La Guajira tras desplazamientos de comunidad wayúu

Aseguran que las pérdidas sumadas a tensiones internas y deterioro de la convivencia, han generado un quiebre en el tejido cultural y espiritual, al punto de configurar un riesgo inminente de desplazamiento inducido asociado al proyecto carcelario.

Entre las solicitudes principales, la comunidad pide que el Ministerio del Interior designe una comisión especializada, con acompañamiento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para verificar directamente los impactos ambientales, sociales, culturales y espirituales causados por la construcción de la cárcel.

Los representantes wayuu también denunciaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la imposición de una autoridad tradicional distinta a la elegida en asamblea autónoma. Aseguran que desde la Alcaldía de Riohacha y la Secretaría de Asuntos Indígenas se habría promovido esta designación sin informar ni consultar a la autoridad ancestral legítima.