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La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia le salió al paso a las informaciones entregadas por la Superintendencia de Salud, y cuestionó los resultados y el alcance de una auditoría adelantada por este organismo, en cabeza del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, afirmó que la administración departamental recibió oficialmente el informe y anunció que ejercerá su derecho a la defensa frente a las observaciones formuladas por el organismo de control.
Según los reportes de la Supersalud, cuyo alcance fue cuestionado por la administración departamental, se habrían presentado 23 hallazgos administrativos, seis con presunto alcance disciplinario, cuatro fiscales y tres penales relacionados con el manejo de recursos públicos, las labores de inspección y vigilancia del sistema de salud y la atención a población vulnerable.
Recursos fueron ejecutados con transparencia: Gobernación, al cuestionar auditoría
La secretaria Solano Sánchez sostuvo que, durante 2026, la entidad ha reportado más de 50 situaciones que, según indicó, afectaron la vida de pacientes afiliados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
En ese sentido, cuestionó que, pese a esos reportes, no se hayan adelantado auditorías sobre la actuación de dichas entidades.
Uno de los hechos reportados por la Superintendencia corresponde al presunto manejo irregular de cerca de $4.700 millones del Sistema General de Participaciones destinados a acciones de salud pública.
Según el informe, esos recursos habrían sido transferidos a hospitales públicos sin contratos y por fuera de las cuentas maestras establecidas por la normativa, situación que derivó en uno de los cuatro hallazgos con presunto alcance fiscal.
Sobre este punto, Solano aseguró que los recursos fueron ejecutados con transparencia y defendió el trabajo realizado con la red pública hospitalaria del departamento.
Agregó que la Secretaría presentará todos los soportes técnicos, jurídicos y financieros para desvirtuar tanto los hallazgos como la tipificación que hizo la Superintendencia.
Casos de menores indígenas y otras observaciones
Frente a los tres hallazgos con presunto alcance penal, entre ellos los relacionados con la muerte de dos menores indígenas, la secretaria manifestó que ambas pacientes estaban afiliadas a las EPS Savia Salud y Coosalud, las cuales se encontraban intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud al momento de los hechos.
Según afirmó, en ambos casos existieron fallas en la prestación de los servicios de salud y consideró que esas circunstancias también deben ser objeto de investigación. Así lo dijo la funcionaria.
"Y en ese caso yo quiero hacer un llamado de atención especial de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores que corresponden a Savia Salud y CooSalud intervenidas en el momento de su fallecimiento donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios a estas pacientes", declaró.
La Superintendencia había señalado que la Secretaría de Salud de Antioquia incumplió protocolos de seguimiento en los casos de una adolescente indígena embarazada con gestación de alto riesgo y de una niña de la comunidad indígena embera chamí, cuyo fallecimiento, según el informe, fue conocido oficialmente por las autoridades departamentales 138 días después de ocurrido.
Además de estos hallazgos, la auditoría concluyó que la Secretaría Seccional de Salud presenta deficiencias en sus funciones de inspección, vigilancia y control, al identificar prestadores de servicios de salud que permanecieron activos durante varios años sin visitas de habilitación.
Además, de supuestamente haber funcionarios que no figuraban inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), falencias en el seguimiento a municipios con incumplimientos reiterados y ausencia de análisis de indicadores de calidad durante el segundo semestre de 2025.
En respuesta, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia insistió en que responderá formalmente a cada una de las observaciones contenidas en el informe y aseguró que aportará la documentación necesaria para demostrar la legalidad de las actuaciones administrativas cuestionadas durante la auditoría.
Las claves de la noticia, en cinco preguntas:
¿Cómo respondió la Secretaría de Salud de Antioquia a la auditoría de la Superintendencia?
La Secretaría informó que recibió oficialmente el informe de la Superintendencia Nacional de Salud y anunció que ejercerá su derecho a la defensa frente a los hallazgos formulados. La secretaria Alma Solano señaló que la entidad presentará los soportes técnicos, jurídicos y financieros con los que buscará desvirtuar las observaciones realizadas por el organismo de control.
¿Qué cuestionamientos hizo la Gobernación sobre la auditoría?
La secretaria de Salud aseguró que durante 2026 la dependencia reportó más de 50 situaciones que, según indicó, afectaron a pacientes afiliados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. En ese contexto, cuestionó que no se hubieran realizado auditorías a la gestión de esas entidades, pese a las alertas presentadas por la administración departamental.
¿Qué respondió la Secretaría sobre el presunto manejo irregular de $4.700 millones?
La Superintendencia señaló que esos recursos del Sistema General de Participaciones habrían sido transferidos a hospitales públicos sin contratos y por fuera de las cuentas maestras establecidas por la normativa. Frente a este hallazgo, la Secretaría sostuvo que los recursos fueron ejecutados con transparencia y afirmó que entregará la documentación necesaria para demostrar la legalidad de las actuaciones administrativas.
¿Qué dijo la Secretaría sobre los hallazgos relacionados con la muerte de dos menores indígenas?
La funcionaria indicó que ambas pacientes estaban afiliadas a las EPS Savia Salud y Coosalud, las cuales permanecían intervenidas por la Superintendencia al momento de los hechos. Según explicó, en ambos casos existieron fallas en la prestación de los servicios de salud y consideró que esas circunstancias también deben ser investigadas por las autoridades competentes.
