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Un concepto que envió la Contraloría al Consejo de Estado, en medio del estudio de la demanda contra el decreto que permitió los proyectos piloto de fracking en Colombia, advierte la falta de estudios técnicos y ambientales antes de dar paso a los pilotos.
La Contraloría señala que aunque el Gobierno se ha esforzado en la regulación para aplicar la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, faltan estudios para conocer a ciencia cierta el estado geológico de las zonas donde se pretende aplicar.
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Llama la atención la posible afectación a los acuíferos, aguas superficiales y atmósfera en la cuenca de la Cordillera Oriental donde se ubican cuatro paramos entre ellos el de Chingaza y Sumapaz.
En esa cordillera hay varios puntos potencias de aplicación de los proyectos piloto de fracking y lo que advierte la Contraloría es que los fluidos que se usan en la técnica podrían escapar ycontaminar esos puntos, dado a que esos fluidos contienen metales pesado y elementos radiactivos.
También se advierte la falta de coordinación entre las instituciones para aplicar políticas públicas de prevención y protección al medio ambiente y el agua, sobre todo porque la técnica requiere el consumo de por lo menos 14.500 m3 por pozo de agua.
Así las cosas, la Contraloría indica que se podrían generar eventuales conflictos sobre el uso de agua en las zonas donde se aplique el fracking.
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En otras palabras, se debe evaluar el uso de agua para la técnica, frente al consumo doméstico y las actividades de subsistencia del ser humano como usos agrícolas y pecuario.
“Con el fin de evitar el estrés hídrico en las zonas en las cuales se desarrollarían eventualmente estos proyectos, en especial en las cuencas sedimentarias Valle Medio del Magdalena y Cordillera Orienta”, advierte la Contraloría.
Este informe se conoce después de que el Gobierno confirmara la firma del primer contrato para iniciar los pilotos de fracking en Colombia.
Actualmente, el Consejo de Estado avanza en el estudio de dos demandas sobre el tema. Una tiene que ver contra el decreto que permitió los proyectos pilotos y otra contra las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que le dan paso a la técnica de fracturamiento hidráulico.
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El segundo proceso está en su recta final. El magistrado Ramiro Pazos, quien tiene en sus manos el debate, ya tiene en su escritorio los voluminosos alegatos de conclusión, tanto del Gobierno como de empresas petroleras y la Procuraduría General de la Nación.
La mayoría de esos conceptos pide al Consejo de Estado tumbar las resoluciones del Ministerio, bajo el argumento de que existe evidencia científica de que la técnica de exploración y explotación de yacimientos no convencionales afecta el medio ambiente, el agua y la salud pública.
