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Cuarenta años después de la toma del Palacio de Justicia, el país sigue buscando respuestas sobre uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente. Estos 40 datos verificables reconstruyen, con fechas y hechos precisos, lo ocurrido antes, durante y después del 6 y 7 de noviembre de 1985, así como las decisiones judiciales y de memoria que marcaron las décadas siguientes.
Acuerdo de paz de 1984
La guerrilla M-19 firmó un cese del fuego con el gobierno de Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984. Sin embargo, hacia 1985 el grupo acusaba al Estado de incumplir los acuerdos, lo que reavivó las hostilidades y abonó el terreno para la acción armada contra el Palacio de Justicia.
Amenazas previas
En un consejo de seguridad del 30 de septiembre de 1985, las agencias de inteligencia alertaron sobre un posible ataque del M-19 al Palacio de Justicia. Se advirtió por escrito a la Corte Suprema sobre amenazas contra magistrados, pero las medidas de protección fueron insuficientes.
Retiro de la vigilancia
La guardia policial del Palacio de Justicia fue retirada sorpresivamente tres días antes de la toma (inicio de noviembre de 1985). Hasta hoy no hay explicación oficial de por qué se relevó a los policías a pesar de las alertas, decisión que dejó el edificio prácticamente sin seguridad y facilitó el asalto guerrillero.
Infiltración inicial
La mañana del 6 de noviembre de 1985, aprovechando la falta de vigilancia, un primer grupo de siete guerrilleros del M-19 ingresó armado al Palacio entre las 10:30 y 11:00 a.m.. Iban vestidos de civil y se distribuyeron en oficinas del Consejo de Estado, la Sección Tercera y la cafetería, esperando la señal para iniciar el ataque.
Inicio del ataque
A las 11:40 a.m. del 6 de noviembre de 1985, un camión del M-19 con aproximadamente 30 guerrilleros irrumpió por el parqueadero del Palacio de Justicia. Los insurgentes, fuertemente armados y liderados por Alfonso Jacquín y Luis Otero, redujeron a los pocos guardias presentes, tomaron rehenes y se atrincheraron en los pisos superiores.
Operación “Antonio Nariño”
La toma guerrillera fue denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. El comando del M-19, llamado Iván Marino Ospina, estuvo integrado por 35 combatientes (25 hombres y 10 mujeres, seis menos de lo planeado) desplegados tácticamente por los cuatro pisos del Palacio para controlarlo.
“Juicio” al Presidente
El objetivo declarado del M-19 era realizar un “juicio político” al presidente Belisario Betancur dentro del Palacio de Justicia. La guerrilla acusaba a Betancur de “traicionar” el acuerdo de paz de 1984, por lo cual pretendía obligarlo a comparecer ante los magistrados y responder por el presunto incumplimiento de la tregua.
Tanques en la Plaza
La reacción militar fue inmediata. Antes de la 1:00 p.m., el Ejército desplegó tanquetas y cordones en torno a la Plaza de Bolívar. Un vehículo blindado Urutú ingresó por el sótano del Palacio hacia la 1:00 p.m. con 14 soldados del Batallón Guardia Presidencial, iniciando la contraofensiva para retomar el edificio bajo fuego guerrillero.
¡Que cese el fuego! Pasadas unas horas de enfrentamiento, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, llamó por teléfono a periodistas y suplicó: “¡Que cese el fuego, por favor!”. Su pedido desesperado buscaba que el Ejército detuviera el ataque para salvar la vida de los rehenes, pero fue ignorado en medio del intenso combate.
Censura en vivo
En la tarde del 6 de noviembre, el gobierno impuso censura a la transmisión en directo de la crisis. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó a las cadenas de radio y TV interrumpir los reportes desde el Palacio, incluso transmitir un partido de fútbol, bajo amenaza de que el Ejército tomaría las emisoras si no acataban la instrucción.
Fuego y destrucción
Durante el asedio se desataron tres incendios dentro del Palacio de Justicia. Dos focos iniciales de fuego, más pequeños, ocurrieron entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m. (en el sótano y el primer piso). El tercero, de mayor magnitud, inició hacia las 6:00 p.m. en el cuarto piso, arrasando casi todo el edificio y, probablemente, causando la muerte de quienes sobrevivían allí a los disparos.
Bombardeo nocturno
En la madrugada del 7 de noviembre (aproximadamente 2:00 a.m.), un tanque del Ejército disparó una andanada de ametralladora y rockets contra la fachada del Palacio. El estruendo hizo temer el colapso de la estructura; tras este ataque, los combates cesaron por unas horas, hasta que al amanecer, las tropas retomaron la ofensiva final.
Operación Rastrillo
Al amanecer del 7 de noviembre de 1985, las fuerzas militares anunciaron que solo quedaba un reducto guerrillero dentro del Palacio e iniciaron la fase final, denominada “Operación Rastrillo”. Con los primeros rayos de luz, los tanques reanudaron el fuego contra el ala donde resistían los últimos insurgentes, que ya casi no tenían municiones.
Rehenes evacuados
Cerca del mediodía del 7 de noviembre, los rehenes sobrevivientes, refugiados en un baño entre el segundo y tercer piso, comenzaron a ser evacuados por los soldados. Bajo la presión de las súplicas, el jefe guerrillero Andrés Almarales permitió que primero salieran las mujeres (dos guerrilleras se camuflaron entre ellas), luego los heridos y finalmente los demás cautivos que quedaban con vida.
Fin del asedio
La retoma militar concluyó en la tarde del 7 de noviembre de 1985, tras unas 28 horas de combate. Hacia las 4:00 p.m. de ese día cesaron los disparos. El interior del Palacio, consumido por las llamas nocturnas, quedó reducido a escombros y prácticamente todos los guerrilleros resultaron muertos en la operación.
Balance de víctimas
La toma y la retoma dejaron al menos 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. No existe aún certeza absoluta sobre la cifra final de fallecidos (94 cuerpos fueron llevados a Medicina Legal) debido a problemas de identificación y restos calcinados que generaron dudas sobre posibles víctimas adicionales.
Extradición y narcotráfico
El mismo 6 de noviembre de 1985, la Corte Suprema tenía programado debatir la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas del cartel de Medellín, y luego se conocieron testimonios de que el M-19 habría recibido apoyo de Pablo Escobar para financiar la toma (ya que, supuestamente, buscaba destruir expedientes); esta versión nunca ha sido totalmente probada.
Desaparecidos del Palacio
Varias personas que salieron con vida durante la retoma desaparecieron bajo custodia de agentes del Estado. Al menos 11 civiles (empleados de la cafetería y visitantes) y una guerrillera, Irma Franco, fueron detenidos y trasladados a la Casa del Florero o a instalaciones militares, y nunca regresaron; años después solo los restos de una de ellas (Ana Rosa Castiblanco) fueron identificados, desconociéndose aún el paradero de las demás víctimas.
Caso Urán
El magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán fue hallado muerto tras la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Durante años se sostuvo, con base en imágenes y peritajes forenses, que había salido con vida del edificio y fue ejecutado extrajudicialmente, tesis respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación ratificó su decisión de no imponer medida preventiva al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y mantuvo la versión de que el magistrado murió dentro del Palacio, contradiciendo el fallo internacional.
Reconstrucción del Palacio
La sede del Palacio de Justicia, destruida por los incendios, permaneció en ruinas varios años antes de ser reconstruida en su emplazamiento original. La nueva edificación fue inaugurada en 1999 y bautizada como Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, en homenaje al magistrado cuyo clamor de “que cese el fuego” se volvió símbolo de la tragedia.
Proceso de paz (1990)
El 9 de marzo de 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno nacional en Caloto, Cauca. Mediante este pacto, la guerrilla se desmovilizó y entregó las armas para reintegrarse a la vida civil, convirtiéndose en partido político. Fue el primer acuerdo de desmovilización de un grupo insurgente en la historia reciente de Colombia.
Indulto a guerrilleros
Como parte de la paz, el Gobierno otorgó un indulto en 1990 a los excombatientes del M-19. Gracias a esa amnistía, ninguno de los guerrilleros involucrados en la toma del Palacio fue procesado penalmente, lo que dejó los procesos judiciales posteriores enfocados exclusivamente en las posibles responsabilidades de agentes del Estado durante la retoma.
Denuncia internacional
En 1990, familiares de las víctimas llevaron el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia a la esfera internacional. Ese año se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de los retenidos tras la retoma. Este fue el inicio de un largo litigio internacional.
Fallo contra el Estado
En 1994, el Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Nación por la tragedia del Palacio de Justicia. En múltiples sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa se ordenó indemnizar a unos 60 grupos familiares de fallecidos, desaparecidos y sobrevivientes, al comprobarse una falla del servicio: primero, por retirar la vigilancia pese a las amenazas, y segundo, por la desorganización y exceso de fuerza en la retoma que ignoró la protección de los rehenes.
Comisión de la Verdad (2005)
En 2005, con ocasión de los 20 años de la toma, se creó una Comisión de la Verdad especial para esclarecer lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Este comité independiente, integrado por juristas e historiadores, tuvo la tarea de reconstruir los hechos de la toma y la retoma, analizar las responsabilidades de cada actor y aportar a la construcción de la verdad histórica sobre el caso.
Informe final (2010)
La Comisión de la Verdad presentó su informe final en 2010, tras cinco años de investigaciones. El documento expresó que el Estado colombiano y la sociedad tienen el deber de conocer la realidad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia y aprender las lecciones para evitar su repetición.
Petición de disculpas
El informe de la Comisión de la Verdad de 2010 instó a todos los involucrados a reconocer sus responsabilidades y ofrecer disculpas públicas por lo sucedido. En particular, se conminó a los exguerrilleros del M-19, a los altos mandos de la Fuerza Pública y al Estado colombiano a pedir perdón al país y a las víctimas.
Corte Interamericana (2014)
El 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia contra el Estado colombiano por las violaciones ocurridas en el Palacio de Justicia. La Corte declaró a Colombia responsable por la desaparición forzada de 11 personas que salieron con vida del edificio, así como por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y al debido proceso de esas víctimas y sus familiares. El fallo ordenó al Estado investigar a fondo lo ocurrido, sancionar a los responsables, indemnizar a las familias, brindar atención psicológica y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Caso Plazas Vega
El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien comandó la operación con tanques del Ejército, fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión en 2010 por las desapariciones de la retoma. Sin embargo, en diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega por falta de pruebas, al estimar que no quedó demostrado que él hubiese dado la orden de desaparecer a los detenidos; el oficial recuperó su libertad tras seis años de reclusión
Identificación de restos
Casi 30 años después, se lograron identificar los restos de algunas víctimas que permanecían desaparecidas. El 20 de octubre de 2015, la Fiscalía y Medicina Legal anunciaron la plena identidad de Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, tres mujeres que habían desaparecido el 6 de noviembre de 1985.
Indulto en debate
Coincidiendo con el 30º aniversario, en noviembre de 2015 la Fiscalía General reabrió el debate sobre el indulto de 1990 otorgado al M-19. El entonces fiscal Eduardo Montealegre anunció que examinaría si aquella amnistía cobijó delitos de lesa humanidad cometidos durante la toma del Palacio de Justicia.
Condena a Arias Cabrales
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada del Ejército durante la retoma, enfrentó un largo proceso penal por las desapariciones. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia su condena a 35 años de prisión como autor mediato de la desaparición forzada de varios detenidos del Palacio.
Militares condenados (2021)
En septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de segunda instancia contra cinco exmilitares del Ejército por el delito de desaparición forzada en el caso del Palacio de Justicia. Los magistrados ratificaron la condena de tres de ellos y revocaron las absoluciones iniciales de otros dos, imponiendo penas de 40 años de cárcel para cada uno por su participación en la detención y desaparición de los rehenes que salieron con vida.
Verdad del 2022
La Comisión de la Verdad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 incluyó el Palacio de Justicia en su informe final de 2022. Este informe retomó varios hallazgos: por ejemplo, recordó que la toma del M-19 fue “crónica de una toma anunciada” dada la previa advertencia de amenazas, y señaló la respuesta caótica de la Fuerza Pública durante la retoma.
Verdad inconclusa
A pesar de los avances, 40 años después persisten vacíos sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Transcurridas cuatro décadas, aún hay víctimas sin identificar plenamente y aspectos no esclarecidos, como el destino de 9 desaparecidos cuyos restos no se han hallado.
Pulso narrativo
Cuatro décadas más tarde subsisten disputas sobre la narrativa de lo acontecido. En 2023–2024 se dio una polémica cuando el presidente Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, ofreció su propia versión de la toma, generando rechazo de familiares de las víctimas. Estos denunciaron que desde el primer día hubo manipulación y censura de la información, y advirtieron contra intentos tanto de antiguos miembros del M-19 como de sectores de la Fuerza Pública de deformar la memoria de los hechos.
Conmemoración 40 años
En noviembre de 2025 Colombia conmemora el 40º aniversario de la toma del Palacio de Justicia con diversas actividades de memoria. Se inauguró la muestra artística “Sintiendo la memoria” y se proyectaron imágenes históricas en la fachada del reconstruido Palacio (“El Palacio cobra vida”).
Heridas abiertas
La tragedia del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la sociedad colombiana. Aún se debate la responsabilidad de la guerrilla y de la Fuerza Pública en aquel episodio sangriento, y las familias de las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia plenas.
Legado institucional
Paradójicamente, tras la violencia vino el cambio: antiguos miembros del M-19 pasaron de las armas a la política. Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro, por ejemplo, participaron en la Asamblea Constituyente de 1991 y ocuparon cargos de elección popular (Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá y Navarro a ser gobernador y senador). La integración de exguerrilleros del M-19 a la vida democrática, facilitada por el indulto, marcó un giro institucional importante después de la tragedia del Palacio de Justicia.
“Nunca más”
El anhelo de no repetición es el mensaje final que dejó esta tragedia. La Comisión de la Verdad enfatizó en 2022 la necesidad de dar a conocer la verdad integral de lo ocurrido en el Palacio de Justicia “para que no se olvide y no se repita” Este llamado a la memoria y las garantías de no repetición busca honrar el sacrificio de las víctimas y evitar que un hecho así vuelva a ocurrir en Colombia.
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