40 años después, denuncian que militares condenados por el Palacio de Justicia siguen evadiendo la justicia

Del total de nueve militares condenados, sólo dos están cumpliendo bajo detención su sentencia.
A 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, las víctimas denunciaron que cuatro de los militares condenados por desaparición forzada siguen prófugos, mientras solo dos uniformados cumplen sus penas en reclusión especial.
A 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, las víctimas denunciaron que cuatro de los militares condenados por desaparición forzada siguen prófugos, mientras solo dos uniformados cumplen sus penas en reclusión especial. Crédito: Colprensa

Al cumplirse 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, las víctimas denunciaron que cuatro de los militares condenados por los casos de desaparición forzada en medio del operativo de retoma se encuentran prófugos de la Justicia.



Germán Romero, representante civil de víctimas, reportó a la FM que tras cuatro décadas del holocausto, a la fecha se tiene un registro de nuevas condenas contra oficiales y suboficiales, de los cuales solo dos se encuentra bajo detención en un centro especial de reclusión cumpliendo con la respectiva sentencia.

Ello son el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada Trece del Ejército y el suboficial del Ejército, exintegrante de la sección de inteligencia de la Brigada Trece, Antonio Rubay Jiménez.



Estas sentencias se relacionan con la desaparición forzada de al menos once personas a manos del Ejército durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

¿Quiénes son los militares que están prófugos?

De acuerdo con el propio seguimiento realizado por los abogados de las víctimas, se destaca que el coronel retirado del Ejército, Edilberto Sánchez Rubiano, encabeza la lista de cuatro de los militares sentenciados por este caso que están libres pese a existir órdenes de captura en su contra.

En el caso del excomandante de Inteligencia B- 2 del Ejército, coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, cuya condena fue ratifica por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández e Irma Franco Pineda, administrador y mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, y señalada guerrillera el extinto M-19, está en libertad a pesar de existir una orden de captura desde el 5 de julio de 2023.

ChatGPT dijo: Las víctimas del Palacio de Justicia denunciaron que los militares retirados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Causayá Peña siguen prófugos, pese a las condenas por desaparición forzada.
ChatGPT dijo: Las víctimas del Palacio de Justicia denunciaron que los militares retirados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Causayá Peña siguen prófugos, pese a las condenas por desaparición forzada.Crédito: Colprensa


El abogado Romero aseguró que los otros tres militares que siguen libres, pese a que hay órdenes judiciales en su contra, son tres integrantes del B-2 que eran subalternos del coronel Sánchez Rubiano con son: el mayor Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos retirados Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Causayá Peña, quienes incluso se postularon ante la JEP, pero fueron expulsados de ese tribunal especial ante la negativa de los militares a aceptar su responsabilidad y tras no hacer aportes relevantes para el esclarecimiento de verdad sobre estos graves hechos.

En un apartamento está recluido un general

Tras resolución del INPEC con fecha del 27 de junio de 2025, en la actualidad el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, se encuentra cumpliendo la condena en su contra de 35 años de prisión, debido a su avanzada edad, en un apartamento ubicado en la Brigada Trece en el norte de Bogotá.

El suboficial, exintegrante de la sección de inteligencia de la Brigada Trece, Antonio Rubay Jiménez, paga su condena en el centro penitenciario y carcelario para integrantes del Ejército Nacional de Puente Aranda.



¡La Corte Suprema debe pronunciarse¡

De igual forma, el representante de víctimas Germán Romero, hizo un urgente llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que sin más demoras resuelvan el recurso extraordinario de casación y definan si ratifican la condena del Tribunal Superior de Bogotá 31 años, 10 meses y 15 días de prisión impuesta al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien estaba a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército y al teniente coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exjefe de Estado Mayor y Segundo Comandante, al igual que el sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno por la desaparición forzada de la integrante del M-19, Irma Franco.

En la decisión de segunda instancia de junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá también absolvió a Ramírez Quintero del delito de desaparición forzada agravada de las víctimas del Holocausto, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola De Lanao, y Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

El Tribunal negó en su momento el beneficio de la prisión domiciliaria y aclaró que la privación de la libertad se hará efectiva cuando la sentencia quede en firme.

En febrero de este año, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar a ambos oficiales retirados como coautores de la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia.

Coronel (r) plazas Vega, absuelto

En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien había sido condenado a 30 años de prisión por la desaparición de Irma Franco y el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, quien el 6 de noviembre de 1985, fueron llevados a la Casa del Florero, donde operaba la base de inteligencia del Ejército Nacional.

Los argumentos de la Corte se basaron en que el coronel Plazas Vega no cumplió acciones de inteligencia en la Casa del Florero y que determinar que se encontraron inconsistencias en las declaraciones rendidas por los testigos que lo incriminaban.



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