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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”.
El documento señala un incremento sostenido de las barreras en el acceso a medicamentos, sin distinción de régimen de afiliación, con impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.
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De acuerdo con la Defensoría, Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, son los departamentos donde las vulneraciones son más críticas, seguidos de La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
Impacto económico y panorama de tutelas
A partir de 3.449 encuestas, la Defensoría determinó que la falta de entrega oportuna de seis medicamentos esenciales como metformina, valsartán, insulina glargina, quetiapina, ácido valproico y ácido fólico, representa un impacto económico que puede alcanzar entre 7% y 90% de los ingresos mensuales de una persona, afectando otros derechos como alimentación, educación y vivienda digna.
Con corte a septiembre de 2025, la entidad reportó 584 medicamentos no entregados y un 48% de casos sin resolver. El 61% de los encuestados afirmó haber tenido que adquirir los medicamentos por su cuenta y agregaron que los más reportados como no entregados fueron Metformina, Valsartán y Losartán, que concentran el 25% de los casos.
En los últimos cinco años y ocho meses, se radicaron 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional invocando el derecho a la salud. Solo en 2025, el 33,85% de las acciones interpuestas correspondió a este derecho, y el 36,82% estuvo relacionado con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
Factores estructurales y recomendaciones
El informe atribuye la crisis a la falta de transparencia financiera de EPS e IPS, retrasos en pagos, distorsión de la cadena logística y barreras administrativas derivadas de cambios en los gestores farmacéuticos. Según la defensora Iris Marín, esta combinación de factores genera regresividad y desigualdad en el sistema.
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Entre 2022 y 2025, la Defensoría recibió 107.000 quejas por salud, mientras la Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.
Ese organismo también presentó un conjunto de seis propuestas para enfrentar la crisis:
- Reforma estructural del sistema.
- Coordinación interinstitucional efectiva.
Transparencia en la rendición de cuentas.
- Atención con enfoque territorial.
- Vigilancia ciudadana.
- Fortalecimiento institucional y judicial.
“La inequidad social y económica es una causa estructural del problema. Mientras persista, será difícil garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud”, concluyó Iris Marín Ortiz, al instar al Gobierno a asumir su responsabilidad en garantizar transiciones menos inciertas y proteger el derecho fundamental a la salud.
