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La comunidad educativa del Colegio Refous, en Bogotá, enfrenta un escenario de incertidumbre tras conocerse que la institución solicitó acogerse a un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, mecanismo contemplado para entidades con dificultades financieras.
La decisión podría impactar a cerca de 1.500 estudiantes, quienes dependen de la continuidad operativa del plantel para culminar el año escolar.
Situación actual del colegio
El colegio, con aproximadamente 70 años de trayectoria, estaría enfrentando obligaciones que superarían los $20.000 millones, según información conocida por la comunidad.
La situación fue confirmada mediante una circular dirigida a los padres de familia y un video publicado en redes sociales institucionales.
En el comunicado firmado por el rector Santiago Jeangros, se explica que un comité de expertos evaluó alternativas administrativas y financieras para atender los compromisos económicos.
Entre las recomendaciones, se planteó solicitar la reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que deberá determinar si admite el proceso.
"En efecto, una de las recomendaciones del comité de expertos fue hacer uso de un recurso normal que permite la Ley Colombiana de solicitar una reorganización administrativa mediante el amparo que ofrece la Ley 1116, decisión que está sujeta a la autoridad que la rige, en este caso la Superintendencia de Sociedades, y de la cual recibiremos respuesta en las próximas semanas", señaló la institución.
Sin embargo, la noticia generó preocupación entre familias y docentes, ante el riesgo de que, si el proceso no prospera, el colegio pueda entrar en liquidación.
Varios padres han manifestado su inconformidad por la forma en que se conoció la información. Algunos señalaron que se enteraron por vías informales antes de recibir la comunicación oficial.
“Estamos muy preocupados porque no sabemos cuál será el futuro del colegio”, expresó un acudiente que pidió reserva de su identidad.
El Colegio Refous aclaró por medio de un comunicado de prensa que "no está quebrado ni se ha declarado en insolvencia. Esta es una decisión responsable para atender simultáneamente nuestros compromisos administrativos y financieros”.
El representante legal Felipe Jeangros explicó que la medida busca blindar la operación académica y dar tranquilidad a la comunidad educativa.
“Estamos actuando con responsabilidad, transparencia y dentro del marco legal colombiano, precisamente para fortalecer la sostenibilidad del colegio y proteger la educación de los 1.500 estudiantes”, señaló el directivo, al tiempo que recordó que la institución ha enfrentado retos importantes desde la pandemia.
Por su parte, la ASREFOUS (Asociación de Padres de Familia) manifestó su respaldo a la decisión del colegio y destacó que no se verán afectadas las actividades escolares.
“La situación está siendo atendida formalmente sin comprometer el desarrollo normal de las actividades académicas de nuestros hijos. Transmitimos un mensaje de confianza y prudencia a toda la comunidad”, indicó la asociación en un comunicado.
Las directivas de la institución advirtieron sobre la circulación de información falsa en torno a la solvencia económica del colegio.
“Personas ajenas a la institución se están haciendo pasar por padres o acudientes para generar mensajes confusos y temor. Tenemos habilitados canales oficiales de comunicación para atender inquietudes y mantener informada a la comunidad refousiana”, concluyó Jeangros.
¿Qué es la Ley de insolvencia?
La Ley 1116 de Insolvencia Empresarial permite que organizaciones con dificultades económicas negocien sus deudas para evitar la quiebra y continuar operando.
De ser aceptada la solicitud, el colegio podría seguir funcionando mientras busca acuerdos con sus acreedores.
No obstante, si no se logra una reestructuración viable, el siguiente paso sería la liquidación, lo que implicaría el cierre y la venta de activos.
El posible impacto no solo sería académico, sino también económico. Muchas familias ya han pagado matrículas, pensiones y otros costos asociados al año escolar.
En un eventual escenario de liquidación, los pagos pendientes se regirían por el orden de prelación establecido en la ley, lo que genera dudas sobre eventuales devoluciones.
Entre los estudiantes de últimos grados, la preocupación es mayor ante la proximidad de exámenes y procesos de admisión universitaria. Un traslado forzado a mitad de calendario podría afectar su continuidad académica.
Mientras la Superintendencia define si admite el proceso de reorganización, la comunidad educativa permanece a la expectativa de decisiones que podrían marcar el futuro inmediato de la institución.
