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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) remitió a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia Nacional de Salud, detalles del informe que contiene el ejercicio de contraste de información que las EPS entregaron al Ministerio de Salud para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025.
La entidad señaló que el documento que en días pasados fue revelado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contiene irregularidades en las cifras presentadas por las diferentes entidades de salud a nivel nacional.
“Se puso presente las graves desviaciones, atipicidades y anomalías en la frecuencia de uso de los servicios y tecnologías en salud reportadas”, señaló el director de la Adres Félix León Martínez.
La administradora que administra los recursos del sistema de salud en el país, aclaró que no interviene en el cálculo de la UPC.
“Tampoco interpreta las posibles causas de las cifras anómalas encontradas, calificación que corresponde a los organismos de control”, dijo.
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El directivo apuntó que esos datos presentados fueron procesados y analizados con base en su capacidad técnica y se presentaron con la seriedad requerida, para que el Ministerio de Salud y a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas pudieran estar informados.
Hallazgos
De acuerdo con el estudio y con base en datos de 2023, las ocho EPS incrementaron un 63% los riesgos, frente a los registros de las cuatro EPS del estudio anterior de 2022. Entre tanto, la cantidad de registros se incrementan un 79% y los valores ejecutados un 119%.
Así mismo, la severidad se incrementó un 22%, las frecuencias un 10% y el gasto per cápita, un34 %. En ese sentido, se esperaría que las EPS, entidades que manejan por delegación del Estado cerca de 90 billones de pesos al año, presenten cuentas detalladas, exactas y precisas al Gobierno y al país sobre los servicios prestados y los gastos incurridos.
Sin embargo, el documento precisó que esos datos son incorrectos al argumentar graves inconsistencias y francas irregularidades desde gobiernos anteriores.
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El informe apuntó que el crecimiento en el número de consultas por médico general superiores al 60 % de un año a otro no resultan factibles ni creíbles. Igual sucede con los crecimientos cercanos al 80% en servicios radiológicos o de laboratorio, o crecimientos superiores al 50% en tratamientos anuales del cáncer, o crecimiento de servicios domiciliarios superiores al 100%, entre un año y un otro.
La Adres indicó que tampoco es aceptable que los servicios reportados con fecha posterior a la muerte de pacientes hayan crecido un 1000% en 2023, frente al promedio de los años anteriores.
El documento destacó que todas las EPS presentan considerables diferencias en su reporte de suficiencia al compararse contra RIPS, principalmente para los registros reportados en 2023, donde se identifica un aumento desmesurado de frecuencias en la base de suficiencia (54,3 % en promedio) que no guarda proporcionalidad con el incremento registrado oficialmente en RIPS (5,93 % en promedio).
También se encuentran inconsistencias con respecto a los informes financieros, que en el caso de la Nueva EPS ni siquiera existen certificados para 2023, año en que supuestamente incrementó los gastos de 14 a 24 billones de pesos.
Todas estas cifras de 2023 corresponden a un periodo en que la mayoría de las grandes EPS no estaban intervenidas, incluida la Nueva EPS. Para la administradora, no resulta creíble el crecimiento de los costos de medicina general en un 31%, pues los médicos no recibieron tal incremento, ni el incremento del costo total de este servicio en un 108%, como tampoco el incremento total del costo de la atención domiciliaria en un 119%.
