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La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, envió una serie de cartas a las autoridades nacionales y locales en las que pide se investiguen a fondo las denuncias sobre presuntos casos de "alquiler" de menores, que estarían siendo utilizados para la mendicidad en la ciudad de Bucaramanga.
De acuerdo con las denuncias, los menores estarían siendo expuesto al consumo de fármacos y hasta bebidas alcohólicas, para someterlos a un estado de indefensión que "facilite" esas prácticas de mendicidad.
Una de las cartas enviada por la vicepresidenta Ramírez fue dirigida al general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la que le solicitó que “despliegue los operativos policiales pertinentes, en particular, en los sectores afectados por bandas delincuenciales a fin de identificar y capturar a los actores intelectuales de estos esquemas de criminalidad".
Ramírez precisó que la intención es lograr desarticular y rescatar a las menores víctimas de tales abusos para salvaguardar sus derechos, mientras envió otro documento al fiscal delegado para la Infancia y Adolescencia, Mario Gómez, para que esa entidad “me informe de las acciones adelantadas por su delegatura, para lograr el efectivo ejercicio de la acción penal y realizar la correspondiente investigación de los hechos objeto de la presente denuncia”.
La vicepresidenta señaló que estos hechos pueden estar asociados a una “presunta comisión de delitos que atentan en contra de la vida, seguridad y dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes", al tiempo que advirtió que los autores de este delito podrían ser organizaciones criminales que "se dedican al aprovechamiento económico del espacio público, quienes también delinquen en las principales ciudades del país”.
Ante la posibilidad de que se estén usando fármacos para 'drogar' a los menores, Martha Lucía Ramírez requirió al director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Aurelio Enrique Mejía, para que “se evalúe la viabilidad de establecer restricciones (legales o administrativas) para la comercialización del medicamento Levomepromazina", tras argumentar que su uso no controlado, podría estar generando afectaciones a la salud de los menores de edad que están siendo utilizados para la mendicidad y para la población en general.
Finalmente, le pidió a la secretaria de Salud y Ambiente de la ciudad de Bucaramanga, Adriana García, que “se despliegue las actuaciones pertinentes y necesarias y en particular a los establecimientos que están comercializando sin prescripción médica el denominado Levomepromazina, a fin de tomar las medidas correspondientes y ejercer un control adecuado a su venta”.
