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En el Congreso de la República fue radicada una reforma constitucional con la cual se pretende hacerle un completo revolcón al sistema de juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
La senadora Paloma Valencia, autora de la iniciativa, dijo que la idea es establecer derechos importantes como la doble instancia y la doble conformidad en el caso de los militares y que tengan un tratamiento especial, por tratarse de personas que legítimamente empuñaban las armas en defensa de los colombianos.
Pero no sólo eso, también se plantea que las sentencias emitidas por la JEP puedan eventualmente ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre en materia penal en Colombia.
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“Esperamos que eso se haga, porque aquí se han cometido muchas injusticias y se van a seguir cometiendo sobre todo en contra de miembros de la Fuerza Pública que no se han declarado culpables, que no reconocen responsabilidad y que han optado por defenderse”, indicó.
“Lo primero es que los militares tienen que tener presunción de inocencia y eso significa doble instancia, doble de conformidad, apelaciones y casaciones. Y tenemos que tener tutelas, que no se queden en la corporación simplemente en la JEP, sino que puedan ir ante la Corte Suprema de Justicia y que los fallos de la casación también sean revisados por el máximo órgano penal”, añadió.
El proyecto también plantea que la Justicia Penal Militar pueda emitir conceptos sobre los procesos que se desarrollen contra miembros de la Fuerza Pública, dependiendo de la características del mismo.
“Queremos además que haya conceptos técnicos emitidos por la Justicia Penal Militar, que no son obligatorios, pero que sí le puedan dar luces a quienes están juzgando, porque aquí creemos que se está desconociendo el Derecho Internacional Humanitario”, dijo.
La iniciativa plantea modificaciones al monto de las condenas emitidas contra los militares. “Queremos que sea muy claro que los miembros de la Fuerza Pública que no reconocieron responsabilidad y que sean condenados, solo podrán pagar 5 años de cárcel y los otros 15 años de sanciones, tienen que ser sanciones restaurativas como se los han aplicado a los miembros de las Farc”, sostuvo.
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Adicionalmente, Paloma Valencia dejó claro que no se está buscando que haya impunidad para las Fuerzas Militares, sino que haya igualdad en la aplicación de justicia, razón por la cual anunció que acudirán a instancias internacionales para que los miembros de las exFarc paguen cárcel.
“Lo que nos está faltando es la cárcel para las Farc y si no la da la JEP, la buscaremos en las instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, donde los estatutos son claros en que las sanciones tienen que ser proporcionales a los delitos. Y fíjense lo curioso, mientras para las Farc hay siete máximos responsables, lo que significa la eliminación de investigaciones o procesos para todos los demás, en el caso de las Fuerzas Armadas, no solamente imputan a los supuestos máximos responsables, sino que además tratan de perseguir cadenas de mando", aseguró.
El representante José Jaime Uscátegui respaldó la radicación de esta reforma constitucional y le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que no es cierto que se le haya hecho conejo al plebiscito.
“Los hechos hablan por sí solos, nueve años nos dijeron que los criminales de lesa humanidad iban a pagar cárcel, pero aquí los tenemos en el Congreso. Son 10.500 millones de dólares es el patrimonio de las Farc y ni un centavo ha ido a reparar a las víctimas, no han entregado las rutas del narcotráfico, tienen las curules, los proyectos productivos, los escoltas y las víctimas no tienen nada”, afirmó.
