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La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el acto legislativo que pretende implementar una nueva reforma política en la Constitución colombiana.
Aunque el proyecto planteaba revivir el transfuguismo, para permitir que los congresistas puedan cambiarse de partido sin recibir sanciones, dicha propuesta fue negada.
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En cambio, la mayoría determinó reglamentar la figura de la escisión de los partidos, para que grupos pequeños de militantes que no estén de acuerdo con sus postulados, tengan la libertad de irse.
El senador Luis Fernando Velasco, coordinador ponente, dijo: “A diferencia del transfuguismo, que es un parlamentario individualmente considerado, al escisión obliga a que un grupo de congresistas que unidos en Senado o en Cámara superen la votación del umbral electoral, pueden retirarse de un partido del cual han sido electos y fundar un nuevo partido o hacer coalición con otro partido”.
Asimismo, se aprobó la creación de un nuevo Tribunal Electoral, que asumirá algunas de las funciones que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral y que son de carácter jurisdiccional, como la revocatoria de las inscripciones y la eliminación de las personerías jurídicas.
“Ese tribunal definirá los temas contenciosos de los partidos, que no sea el CNE, elegido por los propios partidos, el que tome estas decisiones”, sostuvo Velasco.
Otro de los puntos clave, fue el de la implementación de las listas cerradas alternas para aspirar al Congreso y otras corporaciones públicas. El senador Roy Barreras afirmó que con esto se combatirá el clientelismo en los procesos electorales.
“Que los colombianos escojan entre las listas cerradas de la más alta calidad que cada partido debe presentarles a los ciudadanos, en la que todos los miembros sean capaces, pares, intelectuales, académicos, sociales", señaló el parlamentario.
La reforma política también establece el congelamiento del salario de los congresistas y demás altos funcionarios del Estado, por un periodo de cuatro años.
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La senadora Angélica Lozano dijo que: “el salario de los congresistas y de otros altos funcionarios del Estado es de los más altos de América Latina, es injusto y desproporcionado en tiempos normales y mucho más en pandemia, con tanta gente perdiendo el empleo y los empresarios haciendo magia para poder sostener a los trabajadores”.
La reforma política también armoniza la legislación con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro, advirtiendo que ninguna autoridad administrativa, como la Procuraduría o la Contraloría, puede destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos con voto popular.
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