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La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley que era clave en materia anticorrupción porque obligaba a rendir cuentas a los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales.
La decisión se la Corte se dio porque encontró que en el trámite que tuvo el proyecto en el Congreso de la República hubo errores de publicidad y consecutividad.
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Para la Corte, esos errores se dieron por la urgencia de aprobar el proyecto, debido al vencimiento de la legislatura pasada.
“Se desconoció el requisito de publicidad, dado que los congresistas no contaron con la posibilidad de conocer lo que se sometía a su consideración y (b) que la urgencia de aprobar el proyecto debido al vencimiento de la legislatura privó a los integrantes de la Cámara de Representantes -como incluso algunos de ellos lo advirtieron en el curso de la sesión- de proponer alternativas diferentes o ajustes al texto que había sido aprobado en el Senado”, señala la decisión.
La Sala Plena se basó en el modo en que se aprobó el proyecto por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 20 de junio de 2019.
Según lo que encontró la Corte, durante dicha sesión y debido al vencimiento de la legislatura, el ponente presentó el texto aprobado por el Senado en la mañana de ese mismo día, lo que no dio tiempo de revisiones.
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La Corte consideró que “ni las explicaciones dadas por el ponente, ni las intervenciones en el curso del debate, hacían posible concluir que los integrantes de la Plenaria de la Cámara de Representantes hubieran conocido el alcance concreto del texto aprobado por el Senado y que, en ese momento, se propuso acoger”.
