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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate la reforma a la Ley de Educación Superior que modifica el esquema de financiación de las universidades públicas del país.
El proyecto impulsado por los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra y que ya pasa a sanción presidencial, tuvo como objetivo corregir los problemas estructurales de falta de recursos que afectaron al sistema universitario durante más de tres décadas.
La representante Jennifer Pedraza calificó la decisión como “una reivindicación histórica con el sistema educativo” y explicó que la reforma respondió a un desfase entre los costos reales de funcionamiento de las universidades y la forma en que la ley definió sus recursos.
Según explicó, “nuestras universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992, por lo que el proyecto actualizó las reglas del juego”.
De acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecieron en promedio un 9% anual, mientras que el presupuesto base solo se ajustó por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ha ubicado en alrededor del 4%, diferencia que ha generado un déficit estructural cercano a cinco puntos porcentuales cada año.
Pedraza señaló que esta situación produjo “un hueco fiscal que supera los 17 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria”.
La legisladora reveló que entre los años 2000 y 2022, la población estudiantil en instituciones de educación superior públicas aumentó un 169%, mientras que la base presupuestal, en términos reales, solo creció un 52%.
La iniciativa atribuyó esta brecha a la normativa vigente, que definió incrementos presupuestales atados al IPC, un indicador que “no refleja la canasta de costos real de las universidades”, pues excluyó variables como salarios docentes, tecnología, investigación e infraestructura.
La reforma propone reemplazar el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Según la representante, “el ICES mide los costos universitarios, mientras que el IPC mide la economía de un hogar, son variables distintas que no se pueden usar para los mismos fines”. Con este cambio, el presupuesto base de las universidades se ajustó anualmente de acuerdo con los costos reales del sistema.
El proyecto también modifica el artículo 87 de la Ley 30 y aumenta los aportes adicionales de la nación hasta un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, frente al 30% establecido anteriormente.
Adicionalmente, la iniciativa estableció una base presupuestal permanente para las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), mediante una asignación equivalente al 0,05% del PIB del año anterior.
