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El Gobierno informó que una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, se ha decidido revocar las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, las cuales fueron emitidas "por fuera de todo marco legal" y que adjudicaron el contrato de pasaportes a Thomas Greg.
"Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa", señaló el Gobierno en un comunicado este jueves.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informaron que han presentado las denuncias correspondientes para que se "investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos".
"El servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado", dijo la Cancillería. La empresa que atiende el servicio actualmente reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, "sin contratiempos".
