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La FM conoció la denuncia que interpuso la Agencia Jurídica del Estado contra José Antonio Salazar por haber otorgado la licitación del contrato de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons. En diálogo con este medio, el destituido secretario calificó la denuncia como "absurda".
"Me parece absurda la denuncia", dijo Salazar quien además confirmó que aún no ha sido notificado de la denuncia en su contra, pero que acudirá a la Fiscalía.
En diálogo con La FM, dijo "Sí, por supuesto, que como ciudadano es en mi deber, estoy listo, pero, lo extraño de la denuncia es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya había sentado su posición institucional cuando estuvo en cabeza de la doctora Martha Lucía Zamora".
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En el documento que está en poder de RCN Radio, se detalla que los delitos que deben ser objeto de investigación son falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
Quien interpone la denuncia es John Jairo Motta, director (e) de la Agencia pues cuestionó las actuaciones del exsecretario de la Cancillería, pues resaltó que Salazar desautorizó una resolución emitida por el canciller suspendido Álvaro Leyva, que suspendió la primera licitación y declaró la urgencia manifiesta.
"Indicó que esta solicitud ya era improcedente, por lo cual resolvería con base en un supuesto deber oficioso, pues en su criterio, los actos administrativos proferidos por su superior, el titular de la función y representante del Ministerio, eran manifiestamente opuestos a la ley", señala uno de los apartes de la denuncia.
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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado también señaló que el exsecretario no tenía las competencias para revocar ese acto emitido por su superior jerárquico, pues fue una determinación tomada y dejada en firme por Leyva, con más de cuatro meses de anticipación.
"Sin tener asignación funcional para ello, con ese acto revocó uno que había sido proferido por su superior jerárquico, para lo cual tampoco tenía competencia, pero además, revocó un acto administrativo que fue emitido y había quedado en firme, con más de 4 meses de anterioridad", añade la denuncia penal.
