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No cesa la polémica que se ha generado por cuenta de las revelaciones que se hicieron sobre una supuesta injerencia de miembros de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el Gobierno Petro y en las Fuerzas Militares.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha estado en el ojo del huracán, porque según dicen, no habría actuado para adelantar las investigaciones sobre el material encontrado en los computadores de esta organización ilegal.
Ante esta situación, la representante a la Cámara Lina Garrido le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que le solicita evaluar la posibilidad de incluir a la fiscal Camargo en la lista Clinton.
Según Garrido, esta medida se justificaría por favorecer el avance del narcoterrorismo, socavar la justicia colombiana y permitir acciones que amenazan la seguridad de Estados Unidos.
La congresista explicó que la Fiscal General “fue ternada, promovida y finalmente puesta en el cargo por el presidente Gustavo Petro, figura vinculada a la Lista Clinton por nexos con organizaciones criminales y estructuras de narcotráfico”, al tiempo que señaló que esta coincidencia de intereses entre el Ejecutivo y la jefatura de la Fiscalía generó “un patrón alarmante: la captura funcional del órgano investigador para proteger redes criminales, garantizar impunidad a aliados del Gobierno Petro y debilitar la lucha contra el crimen organizado”.
La dirigente política afirma que la fiscal Camargo incurrió en “una conducta permisiva y de omisión que ha resultado en el fortalecimiento de estructuras de crimen organizado y narcoterrorismo en Colombia”.
“La Fiscalía renuncia de antemano a solicitar medidas de privación de la libertad contra los beneficiados, incluso cuando existan pruebas suficientes por la comisión de delitos graves”, añadió la congresista en la misiva.
Garrido cuestionó otras decisiones de la Fiscal, incluyendo la liberación de cabecillas de las disidencias de las FARC y la reorganización de casos sensibles que involucran a funcionarios del Gobierno y exfuncionarios, que podrían permitir prescripciones y vencimientos de términos. Estás acciones, según advierte, “socavan activamente la cooperación judicial y de seguridad entre Colombia y los Estados Unidos”.
