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El Ministerio de Minas y Energía abrió a comentarios un proyecto de resolución que propone nuevas medidas para asegurar la confiabilidad, continuidad y complementariedad del servicio público de energía eléctrica en Colombia. La iniciativa surge en medio de las dificultades financieras que enfrentan varias empresas del sector y que, según el Gobierno, podrían poner en riesgo la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El documento plantea la creación de un mecanismo de recaudo que permitiría cubrir las obligaciones pendientes de empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre ellas la comercializadora Air-e, que presta el servicio en la región Caribe y registra una deuda considerable con el mercado de energía mayorista y con los transmisores del sistema.
Ante este escenario, en entrevista con LA FM, el concejal de Medellín y experto en el sector eléctrico, Luis Guillermo Vélez Álvarez, cuestionó el alcance de la iniciativa y advirtió que la resolución tendría efectos similares a un tributo incluido en la factura del servicio.
¿Por qué advierten que la resolución podría convertirse en un “impuesto” en la factura?
Vélez sostuvo que el mecanismo propuesto se asemeja a una carga tributaria para los usuarios del sistema. “No hay impuestos sin representación, esa es la norma general y esto es lo que más se parece a un tributo”, afirmó durante la entrevista.
El concejal señaló que la situación no corresponde a una falla general del sector eléctrico. “Esto no es una crisis sistémica ni está determinada por el covid, es una crisis muy específica asociada a una empresa, Air-e”, indicó, al referirse a la comercializadora intervenida por el Gobierno.
En ese sentido, explicó que el problema financiero está concentrado en esa compañía y no en todo el mercado. “El problema con el mercado es un problema de Air-e”, dijo, al tiempo que precisó que la empresa mantiene una deuda cercana a 2,8 billones de pesos con el pool de energía.
Vélez contrastó esta situación con la de Afinia, otra operadora en la región Caribe. “Afinia continúa cumpliendo sus obligaciones con el mercado”, aseguró, al señalar, que cuenta con respaldo financiero y realiza esfuerzos para controlar pérdidas y recuperar cartera.
¿Por qué cuestionan que los usuarios asuman deudas de una empresa intervenida?
Durante la entrevista, Vélez expresó reparos frente a que los ciudadanos deban asumir obligaciones que no generaron. “Es inaceptable que un ciudadano que no tiene nada que ver con esas empresas tenga que pagar los platos que otros rompieron”, manifestó.
También indicó que existen alternativas dentro del marco de la intervención estatal. “Hay otros mecanismos que puede utilizar el agente interventor”, dijo, al mencionar la posibilidad de reestructurar la deuda con los agentes del mercado mayorista.
El concejal afirmó que, pese a sus dificultades financieras, la empresa continúa recaudando recursos. “Air-e no ha dejado de cobrarle a su mercado, sigue recaudando dinero”, señaló, al agregar que parte de esos ingresos podrían destinarse al pago de sus obligaciones.
Finalmente, Vélez reiteró que la situación se ha profundizado tras la intervención. “Air-e está intervenida y desde que ha sido intervenida se ha generado esta situación”, concluyó.
