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El Juzgado 27 de Ejecución de Penas de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia y otros congresistas del Centro Democrático contra el decreto de Emergencia Económica expedido por el presidente Gustavo Petro. Dicha medida otorga al primer mandatario facultades extraordinarias para crear impuestos con fuerza de ley.
Los argumentos del fallo
En su decisión, el despacho judicial determinó que la acción de tutela no puede ser utilizada como un "salto jurídico" para frenar medidas del Ejecutivo. El juez enfatizó que este mecanismo constitucional no debe reemplazar el control de constitucionalidad, cuya competencia recae de manera exclusiva en la Corte Constitucional.
El fallo advierte que acceder a la suspensión provisional del decreto, como pretendían los demandantes, implicaría desconocer el diseño institucional y procedimental previsto en la Constitución de 1991. Asimismo, aclaró que la tutela no es una herramienta para revisar o dejar sin efectos decretos de emergencia, ya que esto desnaturalizaría su carácter excepcional y residual.
“Acceder a las pretensiones de los accionantes [...] implicaría desconocer tanto en el plano fáctico como en el sustancial el diseño institucional y procedimental que el constituyente previó”, señala la sentencia.
Intencionalidad de la demanda
La acción legal fue liderada por la senadora Paloma Valencia, el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, y los congresistas Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio, Elkin Darío Meriño y José Jaime Uscátegui. El objetivo de los demandantes era suspender la vigencia inmediata de los impuestos decretados por la Presidencia aprovechando el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.
Según se desprende de la resolución, la intención de los accionantes era eludir el control automático e inmediato que la Carta Política asigna a la Corte Constitucional frente a los estados de excepción, intentando menoscabar la arquitectura constitucional de control del poder.
El futuro del decreto
Para el juzgado, la legalidad de la Emergencia Económica y sus medidas derivadas debe ser estudiada únicamente por el alto tribunal constitucional. Se espera que el próximo martes, tras finalizar la vacancia judicial, las diferentes instancias del poder jurídico retomen el estudio de las diversas demandas interpuestas contra los decretos recientes de la Presidencia de la República.
