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Si hay algo que resulta impopular es la intención de regular la protesta social en Colombia. Así quedó demostrado hace varios meses cuando Guillermo Botero, hasta hace unas semanas ministro de Defensa, lanzó una propuesta en ese sentido. Y más polémica resulta esa idea si se tiene en cuenta las recientes jornadas de paro, marchas y hasta cacerolazos.
Aun así, el senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador) –pese a ese riesgo de impopularidad– planteó un proyecto para regular la protesta. De acuerdo al legislador, su única intención es garantizar la protesta pacífica y garantizar los derechos de los ciudadanos que no se están manifestando.
En el borrador presentado por Gómez se advierte que debe garantizarse el derecho a la libre expresión, pero con una serie de obligaciones y prohibiciones.
“La intención es establecer unas restricciones de carácter administrativo sin criminalizar, judicializar o estigmatizar a quienes están protestando. Se busca que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente y que a los vándalos se les ataque con todo el peso de la ley”, insistió.
Además, el legislador recalcó que su único propósito es que la gente pueda salir a hacer sus reclamos al Estado sin que se afecte la economía, el transporte o el trabajo de otras personas.
“Hay gente que ha terminado perjudicada por dos o tres millones de personas cuando quienes se están manifestando son 5.000 o 10.000 ciudadanos”, indicó.
¿Se quiere coartar el derecho a la protesta?
Juan Diego Gómez defendió además que su intención no es limitar o coartar al derecho a la protesta de los ciudadanos.
“El derecho a la protesta está consagrado en varios tratados internacionales suscritos por Colombia y eso no va a cambiar, pero no puede haber un vacío jurídico con protocolos para la intervención de las autoridades”, agregó.
Por último, el senador indicó que lo que cambiaría con su proyecto es establecer los procedimientos en cada intervención, por ejemplo, del Esmad de la Policía Nacional.
