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Después de una fuerte discusión, la plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio para menores de edad en el país.
La norma tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes, evitar caso de abuso, de dependencia económica, de violencia, explotación sexual, entre otras conductas que se desprenden de esta práctica.
Aunque en la actualidad los menores pueden contraer matrimonio con el permiso de sus padres, con esta ley solo los mayores de 18 años podrán hacerlo en el país.
El senador Honorio Henríquez, uno de los autores, asegura que esta ley “es un triunfo en beneficio de los menores colombianos que busca contribuir en evitar situaciones de abuso, de dependencia económica, violencia y embarazos adolescentes que ponen en riesgo la salud física y mental”.
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La representante Jennifer Pedraza, que también promovió el trámite de esta iniciativa, dijo que esto permitirá que Colombia salga de la vergonzosa lista de países que permiten las uniones tempranas, cuando esto es una violación de los derechos de la infancia.
“Se elimina el Código Civil el matrimonio infantil que hasta el día de hoy estaba permitido desde los 14 años con permiso de los padres, que había generado un mercado de niños en el que se usaban como moneda de cambio para ganado, de recursos, de lotes, de diferentes transacciones”, manifestó.
Explicó que el proyecto también “incluye en la política pública de infancia y adolescencia el objetivo de erradicar esta práctica”.
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Durante la discusión, se presentó un debate sobre si la medida aplicaría o no para las comunidades indígenas, que tienen un régimen especial en la Constitución Política, debido a sus costumbres ancestrales; pero en la ley no se contempló ninguna excepción, según explicó la senadora ponente Clara López.
“La prohibición de las uniones tempranas, los matrimonios infantiles, aplica para todo el territorio nacional y todos sus habitantes, estamos hablando del diseño de una política pública con un enfoque diferencial necesario, porque la transición en las comunidades indígenas va a ser distinta a la que pueda pasar en el barrio Chapinero de Bogotá”, sostuvo.
Este proyecto de ley se había hundido en ocho oportunidades en el pasado y ahora solo le resta su conciliación y posterior sanción presidencial.
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