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Un nuevo episodio se registró en la lucha en contra del fracking en el país con un proyecto de ley que busca prohibir la extracción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia.
La iniciativa fue radicada por más de 30 senadores del Partido Conservador, Alianza Verde, Partido Liberal, Partido de la U, Decentes, Polo Democrático, Cambio Radical, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y MAIS con el objetivo de proteger el medio ambiente y los recursos hídricos del país.
El excandidato presidencial, Gustavo Petro, uno de los líderes del proyecto, indicó que “alrededor de la discusión del proyecto podrán ver las posiciones de los partidos en relación a la defensa del agua en Colombia”.
El proyecto de ley contempla ocho artículos en los que se establecen normas para la prohibición del fracking y la utilización de energías limpias en todo el país. Según los voceros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, existe “evidencia científica que muestra los negativos impactos que ha tenido el fracking en el ambiente, la salud y las comunidades”.
Asimismo, el médico Camilo Prieto, líder de la ONG, Movimiento Ambientalista Colombiano, confirmó que las consecuencias de estas prácticas están relacionadas con problemas en el embarazo, con los partos pretérminos y con el desarrollo de enfermedades.
“Normalmente la discusión que se da en torno al fracking se centra en la técnica, la geomecánica, ambiental y en los riesgos sísmicos, sin embargo, existen más de 700 estudios en diferentes publicaciones médicas indexadas, que hemos estudiado y en donde se evidencia estos graves efectos en la salud”, afirmó.
De la misma forma, días atrás el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, afirmó que se mantiene en firme la decisión de no autorizar la práctica del fracking en Colombia, al considerar que no se tiene la plena seguridad del riesgo que representa este sistema al ecosistema y las comunidades en general.
Sin embargo, desde el Congreso se hizo un llamado al próximo presidente de Colombia, Iván Duque y su nuevo gabinete para que “en aplicación del Principio de Precaución, no permita el desarrollo de proyectos de este tipo en el país”.
