"Política de 'falsos positivos' en el gobierno de Duque podrían continuar": The New York Times

El diario entrevista, de manera anónima, a altos mando militares que revelan cómo se pone en riesgo la vida de civiles.
El presidente Iván Duque con la cúpula de las Fuerzas Militares en Bogotá, 17 de dicembre de 2018
El presidente Iván Duque con la cúpula de las Fuerzas Militares en Bogotá, 17 de dicembre de 2018 Crédito: Colprensa

El diario The New York Times publicó un artículo que evidencia la posible continuidad de la "política de falsos positivos" en el gobierno del presidente Iván Duque.

"Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país, según las órdenes revisadas por The New York Times y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas", asegura el diario.

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Continua reseñando que "las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como 'falsos positivos'".

Indica la publicación, la manera como los 'falsos positivos' afectan la credibilidad del Ejército colombiano y cómo estos delitos no están siendo investigados por la Fiscalía.

"Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales", recordó la publicación en hechos ocurridos en el año 2000 con el gobierno de Álvaro Uribe.

En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.

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Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000.


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