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El presidente Gustavo Petro salió en defensa del brigadier general Juan Manuel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, luego de que Noticias Caracol revelara unos chats de integrantes de las disidencias de alias Calarcá que los mencionan en presuntas actividades irregulares.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario calificó como “falsas” las versiones que señalan a ambos funcionarios de tener algún tipo de vínculo con estructuras criminales.
“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos”, aseguró.
Petro sostuvo que detrás de estas acusaciones habría una operación para afectar a los oficiales que, según él, han contribuido a destapar hechos graves de corrupción dentro de las Fuerzas Militares.
“Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al Ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”, señaló, agregando que dichas estructuras habrían operado durante años con amparo legal.
El presidente también aseguró que durante procedimientos recientes se habrían detectado compañías de seguridad legalmente constituidas pero presuntamente dirigidas por organizaciones criminales.
“En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales”, indicó.
Agregó que este “negocio” fue frenado en su administración: “El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo”, expresó. Y fue más allá: “En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masiva. El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve”.
Asimismo, el jefe de Estado hizo un llamado a revisar el funcionamiento de las agencias de inteligencia y la interacción entre mandos militares y policiales.
“Todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial”, dijo.
Además, insistió en que la contrainteligencia “es para detectarlos y no para hacer uso político de la información”.
Finalmente, cuestionó que las denuncias aparezcan justo cuando, según él, sus funcionarios han señalado irregularidades dentro de la fuerza pública.
“Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, concluyó.
