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El Gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que permite el sometimiento colectivo de organizaciones criminales y que se impulsará en el marco del cumplimiento de la política de paz total.
La iniciativa le otorga beneficios penales a los miembros de las organizaciones delincuenciales que delinquen en el país y que decidan entregar las armas y empezar un proceso de sometimiento ante las autoridades.
La iniciativa plantea penas especiales entre los seis y ocho años de cárcel para los integrantes de estos grupos que se sometan la justicia, dejen el narcotráfico y entreguen los bienes parta la reparación de las víctimas.
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El ministro Néstor Osuna dejó claro que el proyecto no toca la extradición: “La extradición sigue rigiéndose por las normas vigentes, no consideramos procedente ni necesario incluir ninguna mención al tema de la extradición en el proyecto que radicamos”.
Según el funcionario, esto quiere decir que “el Presidente de la República tiene la potestad de estudiar y aprobar y negar caso por caso las extradiciones”.
Adicionalmente, los integrantes de las organizaciones que se desmovilicen tendrán la posibilidad de quedarse hasta con el 6% de los bienes ilegales que hoy se encuentran en su poder, pero en cualquier caso, los mismos no podrán superar los 11.500 millones de pesos.
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Tampoco se establecerá ningún estatus político para estas organizaciones, lo que quiere decir que no habrá proceso de paz con ellos, como sí ocurrirá con el ELN y las disidencias comandadas por alias 'Iván Mordisco'.
El proyecto propone crear un fondo especial que será el encargado de apropiar los recursos para la reparación de las víctimas.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió al Gobierno presentar mensaje de urgencia para esta iniciativa, para que los integrantes de estos grupos tengan claras las reglas de juego de un eventual sometimiento a la justicia colombiana.
